ATENEO MIGUEL RAGONE

Partido Justicialista — Salta

LA VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS SALTEÑAS:

Un análisis peronista y una convocatoria a la acción

A TODOS LOS GRUPOS ACTIVOS DEL PARTIDO

Salta, abril de 2026

Contenidos:

PREÁMBULO:UNA CONVOCATORIA URGENTE

I.UN SÍNTOMA, NO UNA ANOMALÍA: LECTURA PERONISTA DEL FENÓMENO

II.LAS TRES BANDERAS FRENTE A LA CRISIS ESCOLAR

A.La Soberanía Política en la Educación
B.La Independencia Económica como Base de la Paz Social
C.La Justicia Social: El Derecho a la Felicidad del Niño

III.LAS DIMENSIONES DEL PROBLEMA: UN MAPA PARA LA ACCIÓN

IV.EL PROGRAMA PROVINCIAL DE PREVENCIÓN: EVALUACIÓN CRÍTICA

V.RECOMENDACIONES AL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL

1.Plan Provincial de Infraestructura Socio-Emocional
2.Reforma de la Formación Docente con Enfoque en Mediación
3.Programa de Inclusión Digital Soberana
4.Restitución de los Programas de Contención Desmantelados
5.Presupuesto Real para la Ley 8406

VI.RECOMENDACIONES AL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

1.Creación de Unidades de Atención en Conflictos Juveniles (UACJ)
2.Desjudicialización y Criterios de Oportunidad
3.Adopción del Paradigma de Justicia Restaurativa

VII.MEDIDAS INSTITUCIONALES DEL PARTIDO: LA UNIDAD DE ACCIÓN

Acciones Inmediatas para los Grupos Activos

CONCLUSIÓN:HACIA LA CONDUCCIÓN DE LA PAZ

FUENTESY REFERENCIAS DOCUMENTALES

PREÁMBULO: UNA CONVOCATORIA URGENTE

El Ateneo Miguel Ragone —espacio de pensamiento, formación y elaboración doctrinaria del Partido Justicialista de Salta— se dirige hoy a todos los grupos activos, mesas de conducción, unidades de base, agrupaciones sectoriales y cuadros militantes de nuestra fuerza política en toda la provincia. Lo hace impulsado por una realidad que no admite dilación: la violencia en los establecimientos educativos de Salta se ha instalado como uno de los fenómenos más urgentes y políticamente significativos del primer cuatrimestre de 2026.

Esta convocatoria no es un gesto burocrático ni una declaración de buenas intenciones. Es una llamada a la deliberación organizada, a la producción colectiva de pensamiento y a la formulación de recomendaciones concretas destinadas a dos interlocutores institucionales: el Poder Ejecutivo provincial y el Ministerio Público Fiscal de Salta. El objetivo es doble: incidir en las políticas públicas desde la perspectiva de la justicia social y fijar una posición partidaria pública, coherente con nuestra doctrina, en un debate que hoy está siendo capturado por el discurso punitivo y la respuesta policial.

La situación en Salta Capital y distritos como Rosario de la Frontera ha escalado desde conflictos interpersonales hasta amenazas de tiroteos masivos, a menudo vinculadas a 'retos virales'. El Observatorio Provincial de la Convivencia y la Participación ha sistematizado más de 3.900 incidentes de violencia en un año. Frente a ese número, el Partido Justicialista no puede ser un espectador silencioso.

I. UN SÍNTOMA, NO UNA ANOMALÍA: LECTURA PERONISTA DEL FENÓMENO

El fenómeno de la violencia en los establecimientos educativos de la provincia de Salta, manifestado con inusitada virulencia durante el primer cuatrimestre del año 2026, no constituye un evento fortuito ni una anomalía meramente pedagógica. Se trata de un síntoma inequívoco del desmembramiento del tejido social, provocado por lógicas de exclusión estructural y por el retiro sistemático del Estado de sus funciones de protección y promoción.

Para el Partido Justicialista, como institución fundamental de la democracia y garante del modelo de gobierno basado en la justicia social, este escenario exige un análisis que trascienda la coyuntura policial y se sitúe en la discusión del modelo de provincia y país que aspiramos a conducir. La escuela, lejos de ser una isla, funciona como una caja de resonancia de la violencia que el Estado ejerce y tolera en el resto del cuerpo social. Cuando la conducción política apela a la represión de obreros y jubilados, envía un mensaje claro de que la fuerza es el único lenguaje válido para resolver conflictos. Los jóvenes aprenden esa lección.

El diagnóstico provisorio elaborado por referentes de la sociedad civil, en la Asociación Miguel Ragone y en la Red Contra la Violencia Institucional, identifica correctamente la 'violencia vertical' que desciende desde el Estado hacia los sectores populares como la causa raíz de la conflictividad escolar. Sin embargo, desde la institucionalidad de un partido de poder como el Justicialismo, es necesario transformar este grito de resistencia en una propuesta de organización comunitaria. La violencia en las escuelas no es solo un fracaso escolar; es el resultado de la ruptura del pacto de la Comunidad Organizada.

II. LAS TRES BANDERAS FRENTE A LA CRISIS ESCOLAR

A. La Soberanía Política en la Educación

La soberanía política, en el pensamiento justicialista, no se limita a la autodeterminación internacional; se expresa en la capacidad de las instituciones para dictar su propio orden de convivencia sin ser colonizadas por lógicas represivas o discursos de odio importados. La actual 'policialización' de las escuelas salteñas —donde se responde a una pintada en un baño con allanamientos de la Brigada de Investigaciones— representa una cesión de la soberanía pedagógica frente al brazo punitivo del Estado.

Recuperar la soberanía en la escuela implica fortalecer la autoridad del docente como representante de un Estado protector y no como un mero auxiliar de la justicia penal. La soberanía política se defiende garantizando que las decisiones sobre la convivencia escolar se tomen en los consejos consultivos de cada establecimiento, con participación de familias y alumnos, y no mediante protocolos de seguridad dictados desde un enfoque de control poblacional.

B. La Independencia Económica como Base de la Paz Social

La independencia económica es la condición de posibilidad para financiar un sistema educativo que no expulse a sus hijos. El diagnóstico de la red de violencia institucional señala que el ajuste iniciado en 2024 ha desmantelado los programas de contención, despidiendo a especialistas y cerrando centros de día para jóvenes con consumos problemáticos. Sin recursos propios y con una provincia atada a los condicionamientos del ajuste nacional, la escuela queda desprotegida.

La verdadera independencia económica aplicada al conflicto escolar reside en la capacidad de la provincia para financiar equipos de orientación completos, parejas pedagógicas y dispositivos de salud mental sin depender de 'vouchers' o financiamientos externos que condicionan la currícula. La violencia es, en gran medida, la expresión de la desesperanza económica de familias que no ven en la educación un vehículo de ascenso social sino una guardería de contención precaria.

C. La Justicia Social: El Derecho a la Felicidad del Niño

La justicia social establece que los únicos privilegiados deben ser los niños. La realidad de Salta en 2026, con 3.900 incidentes de violencia registrados en un año, contradice este principio fundamental. La justicia social no es solo entregar guardapolvos; es garantizar un entorno donde el adolescente no sea tratado como un sospechoso por defecto.

El Justicialismo sostiene que la violencia escolar se erradica con más derechos, no con más patrulleros. La justicia social exige que el Estado recupere su rol como armonizador de los intereses individuales y colectivos, asegurando que cada joven tenga un proyecto de vida digno, vinculado al trabajo y a la cultura de la solidaridad.

III. LAS DIMENSIONES DEL PROBLEMA: UN MAPA PARA LA ACCIÓN

El Ateneo Miguel Ragone considera indispensable que los grupos activos del Partido aborden la crisis desde todas sus dimensiones sin omitir ninguna. La siguiente tabla sintetiza el mapa analítico que debe orientar los debates internos:

DIMENSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO	ACTOR RESPONSABLE / AFECTADO
Estructural	Desmantelamiento del tejido social por políticas de ajuste económico desde 2024.	Estado Nacional / Familias vulnerables.
Institucional	Retiro del Estado de los espacios de contención; cierre de programas de salud mental y adicciones.	Ministerio de Educación / Ministerio de Salud.
Simbólica	Discurso de 'odio' y 'guerra' en la conducción política que permea hacia las bases.	Liderazgos políticos / Juventud.
Tecnológica	Uso de redes sociales para la masificación de amenazas y ciberbullying.	Plataformas digitales / Estudiantes.
Punitiva	Criminalización de la conducta juvenil; imputaciones por 'intimidación pública'.	Ministerio Público Fiscal / Menores de edad.

La comprensión integral de estas dimensiones es condición necesaria para evitar diagnósticos parciales que luego deriven en propuestas insuficientes. No se puede reducir la dimensión estructural a la tecnológica, ni responder a la dimensión punitiva sin cuestionar el modelo de Estado que la sostiene.

IV. EL PROGRAMA PROVINCIAL DE PREVENCIÓN: EVALUACIÓN CRÍTICA

Desde el año 2025, Salta implementa el Programa Provincial de Prevención de la Violencia en la Escuela, diseñado bajo la premisa de garantizar intervenciones 'oportunas, coordinadas y respetuosas de los derechos de niños, niñas y adolescentes'. El Ateneo reconoce la existencia de este programa y valora positivamente algunos de sus ejes. Sin embargo, una posición partidaria responsable exige también señalar sus límites y contradicciones.

Ejes que el Partido debe sostener y fortalecer

• Fortalecimiento de los Equipos POE (Apoyo y Orientación Escolar), definidos como dispositivo central para la construcción de entornos de paz desde una perspectiva pedagógica de cuidado.

• La Unidad Provincial de Apoyo (UPACE), equipo interdisciplinario con capacidad de intervención en territorio dentro de las primeras 24 horas ante crisis o emergencias escolares.

• El Observatorio Provincial de la Convivencia y la Participación, que produce datos e indicadores basados en evidencia para orientar el diseño de políticas públicas.

• La Formación Permanente obligatoria para docentes en mediación y resolución estratégica de conflictos.

• El eje de Corresponsabilidad Familiar-Escuela para prevenir el acoso y la violencia desde la raíz vincular.

Advertencias críticas que el Partido debe formular

• Contra la Militarización de los Espacios Educativos: la presencia policial en los colegios no resuelve la inseguridad, sino que la desplaza y la profundiza. Un policía en el pasillo no puede reemplazar a un psicopedagogo en el gabinete.

• Sobre el Impacto del Ajuste en la Salud Mental: la provincia de Salta no puede seguir el ritmo de recortes de la Nación sin poner en riesgo la vida de sus jóvenes. El incremento en los índices de suicidio y consumos problemáticos en NNyA es una señal de alarma que la política no puede ignorar.

• La Insuficiencia de la Ley 8406 (Ley de Bullying): si bien la ley establece criterios de prevención, su aplicación es puramente administrativa y carece de presupuesto para los 'equipos especializados' que menciona. El Partido debe exigir que la ley sea dotada de recursos reales.

V. RECOMENDACIONES AL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL

A partir del análisis precedente, el Ateneo Miguel Ragone propone que los grupos activos del Partido elaboren, debatan y eleven al Ejecutivo provincial el siguiente conjunto de recomendaciones:

1. Plan Provincial de Infraestructura Socio-Emocional

Inversión masiva en la creación de 'Espacios de Escucha' en cada barrio, gestionados por equipos interdisciplinarios que dependan de una estructura civil y no de las fuerzas de seguridad. Estos espacios deben articularse con la escuela pero no depender de ella, para garantizar acceso a jóvenes que ya han abandonado el sistema.

2. Reforma de la Formación Docente con Enfoque en Mediación

No basta con cursos aislados. Se debe integrar la resolución no violenta de conflictos como eje transversal de la formación inicial y continua, otorgando herramientas reales para que el docente pueda ejercer su autoridad pedagógica de manera democrática. El Ministerio de Educación debe asumir este compromiso presupuestario con carácter prioritario.

3. Programa de Inclusión Digital Soberana

Ante el fenómeno de la violencia digital y los 'retos virales', el Estado debe proveer no solo dispositivos, sino una formación en ciudadanía digital que permita a los jóvenes discernir y resistir las lógicas de odio de las redes. Esta política debe articularse con el sistema educativo formal y los espacios comunitarios.

4. Restitución de los Programas de Contención Desmantelados

El Ejecutivo debe revertir el proceso de desfinanciamiento de los programas de salud mental y adicciones para jóvenes. La reapertura de los centros de día y la reincorporación de los especialistas despedidos son condiciones mínimas para detener el deterioro del tejido de contención.

5. Presupuesto Real para la Ley 8406

El Partido debe impulsar legislativamente la dotación de recursos efectivos para la Ley Provincial de Bullying, transformándola de declaración de intenciones en política pública con equipos, protocolos y presupuesto operativos.

VI. RECOMENDACIONES AL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

La respuesta del Ministerio Público Fiscal de Salta ante la crisis ha seguido hasta ahora un modelo punitivo tradicional: detenciones, allanamientos y secuestro de teléfonos celulares. Este enfoque es incompatible con una visión de justicia social y protección integral de derechos. El Ateneo propone que el Partido eleve las siguientes recomendaciones al MPF:

1. Creación de Unidades de Atención en Conflictos Juveniles (UACJ)

Estas unidades deben estar integradas por equipos interdisciplinarios que realicen el primer abordaje del hecho. Ante una amenaza escolar, el fiscal no debe ordenar la detención inmediata, sino una evaluación psicosocial para determinar si el caso es apto para un proceso restaurativo. La privación de libertad debe ser excepción, no regla.

2. Desjudicialización y Criterios de Oportunidad

El MPF debe dictar instrucciones generales para que los fiscales penales juveniles apliquen criterios de oportunidad en casos de 'intimidación pública' que no hayan implicado un riesgo real de vida, derivando estos casos a mediación escolar o comunitaria. El Código Procesal Penal de Salta (Ley 8520) habilita estos mecanismos; su uso debe ser promovido institucionalmente.

3. Adopción del Paradigma de Justicia Restaurativa

La justicia restaurativa no es impunidad; es una forma de justicia que busca la reparación del daño y la asunción de responsabilidad por parte del ofensor, involucrando a la víctima y a la comunidad. El objetivo del fiscal no debe ser la condena, sino el restablecimiento de la paz en la comunidad educativa: que el joven agresor pueda pedir perdón, realizar tareas reparadoras en su propia institución, y evitar así su expulsión y consecuente marginalización.

El Ateneo sintetiza esta propuesta en la siguiente comparativa entre el modelo vigente y el modelo que el Partido debe impulsar:

CARACTERÍSTICA	MODELO PUNITIVO (VIGENTE)	MODELO DE PROTECCIÓN CIUDADANA (PJ)
Visión del joven	El joven como delincuente o infractor.	El joven como sujeto en desarrollo.
Rol de la víctima	Testigo en el proceso del Estado.	Eje central del proceso de reparación.
Uso de la fuerza	Herramienta principal (detenciones).	Última instancia (solo riesgo inminente).
Resultados	Antecedentes penales y exclusión.	Responsabilización y reinserción.
Participación	Exclusiva de abogados y jueces.	Comunitaria: padres, docentes, vecinos.

VII. MEDIDAS INSTITUCIONALES DEL PARTIDO: LA UNIDAD DE ACCIÓN

El Ateneo Miguel Ragone convoca a los grupos activos no solo a emitir propuestas, sino a actuar como un actor territorialmente comprometido. La intervención del partido debe enfocarse en reconstruir la unidad de concepción para la unidad de acción.

Acciones Inmediatas para los Grupos Activos

• Organizar asambleas de debate educativo en cada distrito, invitando a docentes, directivos, padres y estudiantes como protagonistas del diagnóstico y no como meros beneficiarios de la política.

• Activar espacios de apoyo escolar, talleres de oficios y mediación comunitaria en los locales y espacios disponibles, reconstruyendo el vínculo con el barrio que el Estado ha abandonado.

• Convocar a los cuadros profesionales afiliados —psicólogos, sociólogos, abogados, trabajadores sociales— para conformar un equipo técnico de emergencia que asesore a las familias de los jóvenes involucrados en hechos de violencia, garantizando que no sean vulnerados en sus derechos durante los procesos judiciales.

• Producir un documento base de posición partidaria que oriente la labor de legisladores y concejales del PJ en todos los concejos deliberantes y cámaras legislativas de la provincia.

• Interpelación pública y fundamentada al Ejecutivo y al MPF a través de los bloques legislativos del Partido, poniendo en agenda el cambio de paradigma desde lo punitivo hacia lo restaurativo.

CONCLUSIÓN: HACIA LA CONDUCCIÓN DE LA PAZ

La violencia en las escuelas de Salta es el campo de batalla donde se dirime hoy el futuro de nuestra comunidad. No es un tema técnico; es un tema profundamente político. Si el Partido Justicialista permite que la respuesta única del Estado sea la policía y la fiscalía punitiva, estará renunciando a su bandera de la justicia social y a su responsabilidad histórica de organizar a la comunidad.

La seguridad real no nace del miedo al castigo, sino de la certeza del amparo. Reconstruir el tejido social de Salta exige un Estado que vuelva a los barrios, una escuela que vuelva a ser el lugar de los sueños y una justicia que cure las heridas en lugar de profundizarlas.

El Ateneo Miguel Ragone llama a todos los grupos activos del Partido a asumir esta responsabilidad con la misma convicción con que Miguel Ragone entendió su mandato: al servicio del pueblo, con las manos limpias y la conciencia clara. El Partido Justicialista debe liderar esta transformación, pasando de la gestión de la crisis a la conducción de la paz, basándose siempre en la premisa de que no hay paz posible sin una base sólida de justicia social, soberanía política e independencia económica.

¡Por una Salta justa y organizada!

Ateneo Miguel Ragone — Partido Justicialista de Salta

Salta, abril de 2026

FUENTES Y REFERENCIAS DOCUMENTALES

El presente ensayo se basa en el siguiente corpus documental. Se conservan los vínculos a todas las fuentes originales para su consulta y verificación por parte de los grupos activos:

▸ Políticas de seguridad ciudadana y justicia penal — CELS

▸ Perón: La Comunidad Organizada (1949) — Biblioteca del Congreso de la Nación

▸ Categorías del pensamiento y la acción peronista — Instituto Juan D. Perón

▸ La Doctrina Peronista o Justicialismo — PJ Catamarca

▸ Las tres banderas del peronismo: ¿una agenda para el siglo XXI? — Claudia Bernazza

▸ Seguridad pública y policía de proximidad — Ministerio de Seguridad de Buenos Aires

▸ El peronismo, la seguridad y la policía — Revista Zoom

▸ Plataforma Electoral PJ — Poder Judicial de la Nación

▸ Alfabetización, menos abandono y plan contra la violencia, ejes de Educación en 2026 — Informate Salta

▸ Doctrina Peronista: Filosofía Política Social — Fundación Patagonia Tercer Milenio

▸ La justicia juvenil restaurativa en Argentina — SciELO Brasil

▸ Monitoreo electrónico de un adolescente con preventiva — Poder Judicial de Salta