¿Por qué dar la
batalla por el peronismo salteño, ahora y no después?
Fernando Pequeño
Ragone recorre, en primera persona, las dimensiones de la crisis del PJ Salta y
las claves para su recuperación popular: desde la memoria de Miguel Ragone
hasta el diagnóstico del Congreso de la Militancia del 21 de febrero de 2026.
Un ensayo de formación política para militancias territoriales, feministas y de
derechos humanos que quieran entender no solo qué está en juego, sino cómo se
construye poder orgánico desde las bases.
¿Qué pasa cuando una militancia decide que ya no va a
aplaudir más?
El 21 de febrero de 2026, en una cancha de barrio techada
con chapa en Salta capital, algo inusual ocurrió en la política argentina:
decenas de militantes del Partido Justicialista se autoconvocaron sin permiso
de sus autoridades, sin financiamiento externo y sin candidatos que los
convocaran. Solo con mate, sillas plásticas y mucho enojo acumulado.
No venían a celebrar. Venían a debatir qué hacer con un
partido que sienten que les fue robado.
Durante cinco horas, entre las 10 de la mañana y las 3 de la
tarde, el Congreso de la Militancia del Frente de Recuperación Justicialista
discutió en serio: la reforma laboral que se aprobó dos días antes en el
Congreso Nacional —con el voto de legisladores del propio PJ salteño—, el
vaciamiento del PAMI, la falta de remedios en el interior, la reforma
educativa, y la pregunta que más duele: ¿cómo se le habla a un joven de 20 años
que se informa por TikTok y votó en contra de sus propios intereses?
Este ensayo narra ese congreso hora por hora. Desde la
descripción del espacio —humilde, barrial, cargado de símbolos— hasta el
discurso de cierre de una militante que gritó lo que muchos callaban: "No
somos de apellido, pero ya estamos cansados".
Una crónica analítica sobre cómo se hace política desde
abajo, qué significa ser oposición dentro del propio partido, y por qué el mate
compartido en una mesa con mantel azul puede ser, también, un acto político.
La Casa Materna en Resistencia
Por Fernando Pequeño Ragone, asistido con NotebookLM y Claude IA
Crónica analítica del Congreso de la Militancia del Frente de
Recuperación Justicialista
Hacia las diez de la mañana del 21 de febrero de 2026, el
Centro Vecinal 20 de Febrero de la ciudad de Salta comenzó a recibir a las y
los militantes del Frente de Recuperación Justicialista y otros movimientos
aliados en el sendo del PJ Salta. El recinto elegido no fue casual: una cancha
techada de uso polivalente, con techo de estructura metálica y paredes de chapa
acanalada, habitualmente destinada a actividades deportivas barriales, se
transformó en ese momento en el escenario de una asamblea política de base. El
ambiente combinaba la escala comunitaria con la temperatura emocional propia de
un encuentro de militancia en estado de resistencia. La altura del tinglado
otorgaba amplitud vertical al espacio, mientras el eco de las voces y los
ruidos del entorno imprimía al encuentro una sonoridad a la vez íntima y
colectiva.
La disposición espacial seguía una lógica de convergencia
hacia el frente: filas de sillas plásticas negras y blancas orientadas hacia el
escenario improvisado al fondo del salón, donde una amplia bandera con los
colores del Partido Justicialista —azul y blanco con bordes rojos— y el escudo
peronista al centro marcaba el foco simbólico de la jornada. A la izquierda de
ese escenario, un mural sobre la pared azul exhibía la palabra
"Salta" en letras de estilo vintage, subrayando la identidad local y
territorial del encuentro. Desde el frente, dos conductores del Frente de
Recuperación Justicialista dirigían el acto, constituyendo el punto de
convergencia visual y político de la asamblea.
En el primer plano, sobre una mesa con mantel azul, se
acumulaban los elementos propios de la cultura de militancia popular: equipos
de mate, termos, botellas de agua, paquetes de galletitas. Este detalle,
aparentemente menor, resultaba políticamente significativo: el mate compartido
como ritual de cohesión, como encuadre afectivo que sostenía la tarea política
antes incluso de que comenzaran los discursos formales. Las y los asistentes
circulaban de manera informal, conversaban de pie y sentados, con una dinámica
que combinaba el calor del encuentro conocido con la seriedad de quienes saben
que el momento es de importancia. Las comisiones de trabajo aún no habían sido
distribuidas en el espacio; en este primer tramo, todo el peso recaía sobre el
plenario general y el escenario central. El congreso comenzó puntualmente a las
diez de la mañana, con una afluencia progresiva que fue llenando las sillas y
densificando el ambiente a medida que avanzaba la hora.
A las once de la mañana, los conductores del Frente de
Recuperación Justicialista tomaron formalmente la palabra para inaugurar la
jornada política. La apertura fue encabezada por una referente mujer que situó
desde el primer momento el congreso en las coordenadas de la recuperación
partidaria. Su intervención estableció el tono del encuentro: no se trataba de
un acto de adhesión a una conducción existente, sino de un espacio
autoconvocado por una militancia que se sentía expulsada, olvidada y desvalorizada
dentro de su propia estructura. «Se metieron en nuestro partido y hoy hay que revalorizarlo»,
afirmó, convocando a la base a comprender el PJ como una herramienta social y
política en disputa, donde todavía era posible decidir quiénes serían los
representantes reales del pueblo.
Inmediatamente después, la apertura derivó hacia el análisis
de la minoría opositora como categoría estratégica. Una coordinadora explicó
ante los presentes que la táctica de la fracción que convocaba el congreso no
era la ruptura ni el abandono del partido, sino la permanencia dentro de la
estructura legal y simbólica del PJ como minoría opositora. «Mantenernos dentro
de la estructura como minoría opositora, no claudicar, seguirlos marcando», fue
la consigna que sintetizó esta posición. Esta decisión de habitar el espacio
propio desde la resistencia —antes que ceder el terreno a una conducción
acusada de traición— reveló la primera tensión constitutiva del congreso: entre
la lealtad a la institución y el rechazo a sus conductores de turno. La
militancia, explicó la coordinadora, esperaba la caída del poder instituido con
paciencia táctica y denuncia permanente.
En paralelo a este eje institucional, la apertura puso sobre
la mesa el papel de los lazos afectivos como cemento de la resistencia. Varias
voces del plenario dieron cuenta de que la asistencia al congreso no respondía
únicamente a una convocatoria política formal, sino a vínculos de amistad, de
parentesco y de historia de vida compartida. La «casa materna» fue la metáfora
dominante: el PJ como institución que otorga identidad y protección, hoy
ocupada por «extraños» que intentaban mercantilizarla. La mezcla de lo familiar
con lo político —referencias a hijos, embarazos, amistades de larga data— no
era un elemento secundario o anecdótico, sino el tejido conectivo real que
permitía a la militancia sostenerse en la adversidad. Este entramado afectivo
operaba como una micro-institucionalidad de base que suplía la fragilidad de la
estructura formal.
Hacia el final del bloque de apertura, la referente
principal abrió el debate sobre la idea de libertad que circulaba en el
discurso político dominante. Su diagnóstico fue contundente: «Hoy se habla de
libertad, pero es una libertad dependiente». Frente a los pilares históricos
del partido —independencia económica, soberanía política, filosofía cristiana y
comunitaria—, la libertad proclamada por el gobierno nacional y amplificada por
la prensa era caracterizada como un espejismo mediático que ocultaba la ausencia
de justicia real para los jubilados y los estudiantes. La «libertad»
neoliberal, señalaron, no llegaba a los ancianos ni a los jóvenes, y su
proclamación era operada por medios de comunicación que silenciaban el
retroceso de derechos mientras ensalzaban una autonomía que, en los hechos,
resultaba dependiente de intereses externos. Esta crítica al vaciamiento del
concepto de libertad constituyó una de las ideas fuerza inaugurales del
congreso y resonaría durante toda la jornada.
Superada la hora de apertura, el congreso abrió el micrófono
a una serie de oradores previos al trabajo en comisiones, en un tramo que se
extendió desde las once hasta las 12:15 de la tarde. El primero en hablar en
representación de la militancia territorial fue Eduardo Cataneo, militante de
base que estableció desde el inicio una distinción fundamental: «Acá están los
verdaderos, los que vienen caminando, los que realmente practican la justicia
social, la independencia económica y la soberanía». Su intervención trazó una
frontera simbólica entre quienes construyen partido desde el territorio
cotidiano y quienes, desde posiciones de poder, habían traicionado esos
principios. La autenticidad del militante se medía, en este esquema, por la
presencia en el campo y no por la jerarquía formal.
A continuación tomó la palabra el militante Marengo,
referente nacional proveniente de Ramos Mejía, quien intensificó el registro de
denuncia. Su intervención situó el congreso en el marco de una lucha contra lo
que denominó «la mafia política» que operaba tanto a nivel provincial como
nacional. La imagen del saqueo fue central: la venta del litio y los minerales
salteños «a precio de oferta» para beneficiar a unos pocos, mientras los
jubilados y desocupados eran arrastrados hacia la pobreza. El gobernador Gustavo
Sáenz fue señalado implícitamente como el articulador local de este esquema,
aunque sin nombrar aún al personaje directamente. La intervención de Marengo
funcionó como una radicalización del tono: si la apertura había hablado de
recuperación institucional, este orador hablaba ya de resistencia ante un
despojo en curso.
En el mismo tramo matutino, el congreso procesó con
intensidad el papel de la historia del partido como dispositivo de legitimación
política. Varios oradores apelaron a la genealogía peronista —Perón, Evita, los
desaparecidos— no como evocación nostálgica sino como herramienta activa para
orientar el presente. «El peronismo sabe de desapariciones, sabe de
persecuciones, sabe de resistencia», señaló uno de los voceros del congreso,
vinculando la lucha actual con el «avance liberal que tiene convertido al país
en una colonia». La historia se usaba, en este registro, para nombrar lo que el
aparato callaría: la traición de quienes, bajo el sello del partido, votaban
leyes de ajuste y entregaban soberanía. El antes y el después de Miguel Ragone
fue invocado como punto de inflexión ética del peronismo salteño, un límite que
ninguna conducción podría cruzar sin perder su legitimidad histórica.
La intervención más esperada de la mañana fue la de Fernando
Pequeño Ragone, presentado como portador de un apellido que condensaba la
memoria de la resistencia salteña. Su discurso, que se ubicó como cierre de la
presentación plenaria y apertura hacia las comisiones, se articuló en cuatro
ejes tácticos. Primero, legitimó históricamente la convocatoria apelando a la
figura de Miguel Ragone —su abuelo, gobernador desaparecido— como un «antes y
después» que definía la identidad ética del PJ. Segundo, diagnosticó la
parálisis institucional: el partido necesitaba ser «abierto» y «oxigenado»,
incorporando a actores que hoy no encontraban representación. Tercero,
estableció con precisión el límite político: «El límite va a ser siempre, en
este esquema, la gestión del gobernador Gustavo Sáenz». No podía haber
articulación con quienes habían «vendido el partido», lo habían «negado» o
habían votado «todas y cada una de las leyes de hambre». Cuarto, propuso una
estrategia de permanencia: «Vamos a estar siempre dentro del PJ dando la
batalla en las condiciones que nuestras fuerzas nos permitan». Su alocución
funcionó, en términos institucionales, como un ancla ética que transformaba el
rencor por la traición en una táctica de ocupación partidaria.
Casi de forma inmediata, Pía Ceballos aportó la densidad
programática que la denuncia emocional requería para convertirse en propuesta
política. En el plenario general, vinculó el peronismo con los hitos
legislativos de la primera década del siglo —el matrimonio igualitario de 2010
y la Ley de Identidad de Género de 2012— como conquistas que habían permitido
«existir» a identidades antes invisibilizadas. «Hace no sé, 8 años o más que se
viene hablando de lo importante que es oxigenar el Partido Justicialista»,
señaló, subrayando que la renovación del partido no era una novedad sino una
deuda acumulada. Su concepto rector fue el de «lo socio-humano»: volver a
colocar al ser humano y sus derechos en el centro de la planificación política.
Frente a una «derecha inteligente» que desmontaba derechos laborales, Ceballos
propuso pasar de la militancia puramente reactiva a una militancia programática
que rearmara, planificara y hablara de las necesidades sociales reales.
Durante este tramo previo a las comisiones, el congreso fue
construyendo con creciente nitidez la figura del «enemigo interno». No se
trataba de una abstracción ideológica, sino de actores institucionales
identificados con precisión. Los interventores que habían «abandonado el
partido» sobre la gestión provincial, los legisladores que habían votado las
leyes nacionales de ajuste bajo el sello del PJ, y una conducción caracterizada
como «mafia política» que armaba las listas «allá arriba» con un sistemático «aquí
no» para la base, constituían los tres rostros de ese enemigo. David Torrejón,
organizador del congreso, señaló que el PJ estaba «intervenido, sin
autoridades, frente a la crisis social, política y ahora sindical», y que era
necesario «refundir lo socio-humano» para que el peronismo provincial volviera
a ser protagonista.
La cuestión generacional emergió como uno de los ejes más
sensibles del tramo matutino. Fernando Pequeño Ragone planteó que el desafío
del partido era hacer presente a los jóvenes, «encontrar los lenguajes para
llegar a ellos» y garantizar que la nueva generación pudiera identificarse con
el PJ. Pía Ceballos complementó este diagnóstico señalando que la juventud y
las nuevas identidades funcionaban como el «aire» necesario para renovar una
institución estancada. Sin embargo, el problema comunicacional era reconocido
sin eufemismos: la derecha había ganado la comunicación con jóvenes de sectores
populares utilizando plataformas digitales como TikTok con mensajes de quince
segundos, mientras el peronismo seguía hablando un lenguaje propio de otras
épocas. El desafío era, por lo tanto, doble: recuperar la convicción
generacional y transformar los códigos comunicacionales sin perder la
profundidad doctrinal.
El análisis institucional del congreso alcanzó su
formulación más sistemática cuando David Torrejón explicó la metodología de
trabajo propuesta: tres comisiones para generar «una crítica defensiva y
aportes para que el peronismo de la provincia se ponga de pie». Esta propuesta
metodológica era, en sí misma, un acto político: ante la parálisis de las
autoridades formales y la lejanía de los interventores radicados en Buenos
Aires, la militancia se dotaba de su propio dispositivo de producción de saber
y propuesta. No se trataba de un congreso del partido oficial, sino de un
congreso de la militancia que buscaba, desde las bases, restituir la
legitimidad que la conducción había perdido. Para las 12:15 del mediodía, el
plenario había procesado sus principales núcleos de debate y estaba listo para
distribuirse en comisiones de trabajo.
Hacia las 12:15 de la tarde, David Torrejón anunció
formalmente la distribución de la asamblea en tres comisiones de trabajo. Este
momento constituyó una transición cualitativa en la dinámica del congreso: se
pasaba del debate abierto del plenario a la labor técnica y política de los
grupos temáticos. Las y los participantes se desplazaron por el recinto para
ubicarse en los espacios asignados a cada comisión, generando una nueva
configuración del salón en la que el movimiento de personas expresaba, físicamente,
el pasaje de la dinámica asamblearia general a la deliberación especializada.
La primera comisión fue denominada de “Construcción y
Reconducción del Peronismo en Salta”. Su foco principal era encontrar la
«chispa» necesaria para sacar al partido del estancamiento en que se
encontraba, fortaleciendo la vida institucional del PJ mediante un proceso
participativo que devolviera el protagonismo a la base militante. Sus objetivos
combinaban lo organizativo —reconstruir la estructura desde abajo— con lo
político —definir un horizonte de reconducción que no dependiera de la
conducción interventora.
La segunda comisión fue identificada como de “Territorialidad
y Proyecto Federal”, o «Proyecto Realidad y Federalismo». Su objetivo era
consolidar la organización territorial en todo el ámbito provincial,
reafirmando el carácter federal, democrático y participativo del movimiento e
integrando la presencia de militantes de cada departamento de Salta. Este
espacio respondía a una necesidad diagnóstica explícita: el macrocefalismo de
la capital y el aislamiento de los interventores porteños habían desconectado
la conducción formal de la realidad del «interior profundo», y era necesario
reconstruir esos lazos desde las bases.
La tercera comisión, definida como de “Relaciones Políticas
y Estratégicas”. Se convertiría en el espacio más densamente
político-estratégico del congreso. Su objetivo era analizar las relaciones
políticas «con el militante adentro» y generar una «oposición fuerte» frente al
gobierno actual mediante la planificación y programación de temas
«socio-humanos». Esto implicaba rearmar estrategias para defender derechos
laborales, de seguridad social, de género, de infancia y de personas con
discapacidad. La coordinadora señaló que el trabajo de esta comisión produciría
mociones concretas que serían luego trasladadas al documento final del
congreso.
La distribución de participantes en las tres comisiones fue
orgánica y no exenta de negociaciones informales: cada persona buscó el espacio
temático más cercano a su militancia y trayectoria. El hecho de que las
comisiones operaran en simultáneo en distintos sectores del mismo recinto creó
una dinámica de multiplicidad que, si bien fragmentaba la experiencia colectiva
del plenario, permitía profundizar con mayor detenimiento en cada eje temático.
La Comisión de Relaciones Políticas y Estratégicas concentraría la mayor
densidad de debates y la mayor diversidad de intervenciones, configurándose
como el núcleo político del congreso.
Hacia las 13:46, cuando los registros del trabajo en
comisiones comenzaron a ser capturados con mayor sistematicidad, la Comisión de
Relaciones Políticas y Estratégicas presentaba ya una dinámica de pleno
desarrollo. La coordinadora dirigía el espacio con una metodología clara:
anotar en acta todo lo debatido para transformarlo en mociones votables. «Todo
lo que ustedes debatan lo voy anotando y van a salir mociones que se van a
votar», fue su instrucción inaugural. Esta determinación técnica de convertir el
debate en documento vinculante imprimía a la comisión un carácter que iba más
allá de la catarsis: era un laboratorio de producción de propuestas políticas
concretas.
Los debates políticos centrales de la comisión giraron en
torno a cinco ejes que se entrecruzaron a lo largo de la tarde. El primero fue
la reforma laboral aprobada el 19 de febrero de 2026, dos días antes del
congreso, cuando la Cámara de Diputados sancionó la Ley de Modernización
Laboral con 135 votos a favor, en una sesión que se extendió hasta la
madrugada. Esta aprobación —ocurrida con el voto favorable de cuatro
legisladores salteños del PJ— era percibida como el «día más amargo» del
movimiento y el detonante inmediato del congreso. Joaquín López expresó sin
eufemismos el estado emocional de la base: «Tengo mucho enojo con los cuatro
legisladores salteños que votaron a favor de esta reforma y el partido tiene
que tomar una postura de disciplina y no dejarlos participar nunca más con el
nombre de nuestro partido». La exigencia de disciplina partidaria para los
representantes electos constituyó uno de los debates más encendidos de la
comisión.
El segundo eje fue la reforma previsional y la defensa del
Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Tapia Cabrero, técnico en previsión
social, aportó datos precisos sobre el vaciamiento del FGS y la pérdida del
poder adquisitivo de los jubilados. Su intervención propuso un cambio de
paradigma en la estrategia de resistencia: no bastaba con protestar, era
necesario «capacitar a la gente para que reclame su derecho, informar,
judicializar». La judicialización aparecía como herramienta técnica indispensable
ante la pasividad de los legisladores. A su vez, la cuestión del PAMI fue
abordada con particular intensidad: el militante sostuvo que el organismo debía
volver a la conducción de los propios jubilados conforme a la Ley 19.032, ya
que había sido «una caja política todos estos años». La propuesta concreta fue
la creación de comisiones territoriales que relevaran la situación en el
interior profundo y produjeran informes técnicos capaces de transformar la
problemática individual en un documento político colectivo.
El tercer eje de debate fue el de la reforma educativa y su
vínculo con la inseguridad. Fernando Pequeño señaló que la propuesta nacional
de «libertad educativa» representaba un retorno a las lógicas de los años
noventa, orientado a desfinanciar la escuela pública y modificar currículos
para favorecer el pensamiento financiero —«matemática financiera y
criptomonedas»— por sobre las materias de conciencia social. Un militante de la
Universidad Nacional de Salta denunció que el marco normativo de 2005 estaba siendo
amenazado y que la instalación de un sistema de váuchers cerraría escuelas
rurales y periféricas. La conexión entre reforma educativa e inseguridad fue
explicitada en términos de criminalización de la pobreza y la juventud: ante el
abandono estatal, la respuesta institucional sería tratar a los jóvenes como delincuentes
y bajar la edad de imputabilidad, en lugar de ofrecerles inclusión.
El cuarto eje fue el de la salud y la privatización del
acceso en el interior profundo. Verónica Molina propuso la creación de
comisiones territoriales específicas para denunciar la privatización del
derecho a la salud y la falta de insumos en hospitales del interior. Joaquín
López intensificó este punto señalando la no adhesión de la provincia de Salta
a la Ley de VIH/SIDA de 2022 como un ejemplo concreto de complicidad por
omisión del Estado provincial ante el abandono nacional. La propuesta fue clara:
obligar a los legisladores representantes del partido a hacer respetar las
leyes nacionales de salud, y exigir que la provincia garantizara los insumos
básicos cuando la Nación incumpliera sus obligaciones.
El quinto eje fue el de la comunicación política y el
desafío de los nuevos lenguajes. Pía Ceballos formuló un diagnóstico
descarnado: «La palabra empeñada ya fue defraudada... hay tres elementos
fundamentales: el desánimo, la fragmentación y la desinformación». La derecha
había ganado la comunicación con quince segundos de TikTok, mientras el
peronismo no había trabajado las consecuencias del mundo digital que él mismo
había contribuido a popularizar distribuyendo computadoras. La propuesta no fue
rechazar la tecnología, sino habitarla con mística peronista: formar células
comunicacionales intergeneracionales donde los jóvenes pusieran sus habilidades
técnicas al servicio de los relatos que portaban los adultos mayores. Convertir
informes técnicos del interior profundo en videos de quince a treinta segundos
se perfilaba como la nueva forma de hacer campaña territorial.
A lo largo del debate, también emergieron tensiones internas
sobre la cuestión de la intervención partidaria. Fernando Pequeño Ragone
planteó una advertencia táctica fundamental que generó debate: «Ojo con pedir
el cese de la intervención ahora. Si hoy finaliza, se lo lleva Sáenz al
partido». La moción de no levantar la intervención ganó por amplia mayoría,
revelando que, paradójicamente, el instrumento jurídico de la intervención
—habitualmente criticado como mecanismo de control— era en este contexto una protección
contra la absorción del partido por el oficialismo provincial. Esta tensión
entre la autonomía deseada y la defensiva institucional fue uno de los puntos
de mayor complejidad política de la comisión.
Guillermo Toriano, militante histórico de ochenta años que
portaba físicamente las «20 Verdades» de Perón en su agenda, aportó la
dimensión doctrinal al debate. Su lectura de fragmentos de las Verdades —«La
verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere
y defiende un solo interés, el del pueblo»— no fue un gesto nostálgico sino un
dispositivo de encuadre ético: las Verdades señalaban a quienes habían
traicionado al movimiento, marcaban que «todo círculo político es antipopular y
por lo tanto no es justicialista», y convocaban a recuperar la mística
necesaria para «enamorar de corazón a corazón» a una militancia fragmentada y
desanimada.
En el tramo final del trabajo de comisión, la coordinadora
fue sistematizando en el acta las mociones que surgían del debate. El proceso
fue de una densidad notable: de la descarga emocional y la denuncia
individualizada, la comisión fue construyendo colectivamente un conjunto de
propuestas articuladas. La primera moción registrada fue el «rechazo y repudio
a la reforma laboral, planteando su inconstitucionalidad». A esta se sumaron
mociones sobre la defensa del FGS, la exigencia de disciplina para los legisladores
que votaron el ajuste, la creación de comisiones territoriales en salud y
previsión social, y la propuesta de utilizar el espacio de la sede partidaria
para la próxima reunión bajo la forma de un homenaje a Miguel Ragone. Este
último punto fue revelador: la desconfianza hacia la conducción formal era tal
que se sugería «solapar» la actividad política bajo un formato cultural para
que «no puedan negar el espacio». El cierre de la comisión produjo así un
primer esbozo del documento final que sería presentado en plenario al promediar
la tarde.
Hacia las catorce horas, el congreso ingresó en su tramo más
delicado desde el punto de vista organizativo: la transición entre la catarsis
colectiva acumulada durante la mañana y el trabajo técnico de redacción del
documento final. El moderador del acto situó ese momento con una frase de alto
contenido simbólico: «El 19 será recordado como el día más amargo y doloroso
que quedará en la memoria de los peronistas». Esta referencia al 19 de febrero
—fecha en que la Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral con el voto de
los legisladores salteños— operó como un anclaje de memoria colectiva que
unificaba a todas las facciones presentes bajo un mismo dolor compartido.
«Están todos, vinieron todas las facciones», señaló el moderador, subrayando
que la unidad no nacía de un acuerdo programático previo sino de la herida
común.
En este momento, el congreso se tomó un «pequeño recreo
gastronómico», descripción que no debe leerse como pausa trivial, sino como un
componente funcional del encuadre institucional. En situaciones de alta carga
emocional —y la jornada había sido, hasta ese momento, emocionalmente intensa—
estos espacios informales operan como depósitos de la ansiedad colectiva,
permitiendo que la tarea política ulterior sea sostenible. La mención a «la
nota de la Nora» y a expresiones de espiritualidad compartida mostró cómo lo
doméstico y lo espiritual sostenían la estabilidad psíquica del grupo en el
momento de mayor presión.
Reincorporado el plenario después del recreo, el conductor
del congreso, miembro del Frene de Recuperación Justicialista, anunció: «Vamos
a volver a instalar las comisiones después de este pequeño recreo gastronómico.
Se va a leer un documento final porque en la mesa cortamos». Esta expresión
—«en la mesa cortamos»— marcaba una decisión de autoridad: era el momento de
pasar de la deliberación abierta a la síntesis redactada. El cambio de tono fue
perceptible: las intervenciones se volvieron más breves y más orientadas a la
formulación de propuestas concretas que a la expresión del malestar. La
coordinadora de la Comisión tres comenzó a dar lectura a las mociones
sistematizadas durante el trabajo grupal, lo que imponía un formato más
estructurado y procedimental al plenario.
El ajuste en la coordinación fue notable: donde antes se
toleraban intervenciones extensas y emocionalmente cargadas, ahora la
moderación orientaba hacia la síntesis, la formulación de mociones y la
votación de propuestas. Este pasaje —de la «militancia foca» que solo aplaude,
pasando por la catarsis colectiva de la denuncia, hacia la producción técnica
de un documento político— fue, en términos institucionales, el movimiento más
significativo de la jornada. La militancia se estaba dando a sí misma un instrumento,
y ese acto de producción colectiva era, en sí mismo, la demostración de la
capacidad política que la conducción formal les había negado.
A las quince horas, el congreso convocó nuevamente a todos
los participantes en plenario para el tramo de cierre. El moderador introdujo
el acto de clausura apelando a la mística de la «Comunidad Organizada» y
citando la genealogía política del movimiento —Perón, Néstor Kirchner, Cristina
Fernández— como marco de legitimidad histórica para lo que se había construido
durante la jornada. La lectura del documento final, producido a partir de las
mociones de las tres comisiones, constituyó el momento de mayor densidad
simbólica: la palabra escrita como acto de institución, como prueba de que la
militancia podía producir política desde abajo.
Los ejes principales del documento final recogieron los
grandes temas debatidos durante la jornada: el rechazo y repudio a la reforma
laboral con planteo de inconstitucionalidad, la defensa del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad y los derechos previsionales, la exigencia de disciplina
partidaria para los legisladores que votaron el ajuste, la creación de
comisiones territoriales de salud y previsión social en el interior profundo, y
la propuesta de recuperar el espacio físico de la sede del PJ para la próxima
reunión —programada para el viernes 13 de marzo— mediante un homenaje a Miguel
Ragone. A estos ejes programáticos se sumaron compromisos de construcción
comunicacional: producir contenidos digitales de quince a treinta segundos para
TikTok e Instagram, y conformar células intergeneracionales donde jóvenes y
adultos mayores trabajaran juntos.
La oradora que clausuró el acto fue una militante referente
de la Rama Femenina, con vínculos en Buenos Aires pero anclada en la militancia
salteña. Su discurso constituyó lo que, en términos analíticos, podría
denominarse una declaración de guerra institucional en clave afectiva. «Ya no
queremos ser los que nos dan las órdenes... Vamos a tomar el partido,
compañeros y compañeras que nunca han sido valorados como se merecen»,
proclamó, poniendo el cuerpo en la denuncia de la expropiación identitaria que
padecía la base. La distinción de clase al interior del propio peronismo fue
formulada sin rodeos: «No somos de apellido», señaló, trazando una frontera
entre la aristocracia del sello y la militancia sin nombre propio que sin
embargo hacía el trabajo real de llegar a la vecina, al anciano, al niño sin
comida. Su grito —«cuando nosotros golpeamos la puerta para dar respuesta a la
vecina, al anciano, a ese niño que no tiene para comer, nos cierran la puerta»—
sintetizó con elocuencia brutal la tensión constitutiva de todo el congreso:
entre una dirigencia que usaba a la militancia cuando la necesitaba y la
desplazaba cuando no le servía, y una base que había decidido no ser más «mano
de obra barata» de las campañas electorales.
La afirmación de autonomía financiera —«no le pedimos una
moneda a nadie»— que la oradora pronunció como cierre moral de su intervención
reforzó esta lectura: la legitimidad ética del congreso residía precisamente en
que no dependía de ningún financiamiento externo ni de ninguna estructura que
los convalidara desde arriba. El sacrificio propio —«nos vamos con el
sacrificio que pusimos a esto»— era el aval de una militancia que no necesitaba
del reconocimiento de la cúpula para saber que su trabajo era real.
Los aplausos, las consignas finales y el abrazo colectivo
que cerró el acto a las quince horas no fueron el epílogo rutinario de un
evento político, sino la síntesis gestual de todo lo que había ocurrido durante
las cinco horas precedentes. El congreso había sido, simultáneamente, un
espacio de catarsis, un laboratorio de propuestas, un acto de
re-institucionalización desde abajo y una declaración de principios frente a la
conducción que los había expulsado. La convocatoria para el 13 de marzo —tomar
físicamente la sede del PJ bajo la cobertura simbólica de un homenaje a Ragone—
funcionó como la primera línea de acción concreta que el congreso proyectaba
hacia el futuro.
El Congreso de la Militancia del Frente de Recuperación
Justicialista dejó, al promediar la tarde del 21 de febrero de 2026, un
conjunto de tensiones no resueltas que definirán el horizonte político del
espacio en los meses siguientes. La primera y más profunda es la paradoja de la
intervención: una militancia que proclama la recuperación de la autonomía
partidaria y al mismo tiempo necesita que la intervención formal continúe para
no entregar el partido al gobernador Sáenz. Esta contradicción táctica —habitar
una estructura que se rechaza, precisamente para evitar que otros la tomen—
constituye el nudo gordiano del proceso de reconducción y no encontró en el
congreso una resolución definitiva, aunque sí una mayoría clara a favor de
mantener la intervención como mal menor.
La segunda tensión es la que existe entre la mística y la
técnica: el congreso osciló durante toda la jornada entre la descarga emocional
y la producción programática. Los momentos de mayor potencia afectiva —los
discursos sobre la «casa materna», la denuncia del hambre, el grito de la
oradora del cierre— convivieron con las intervenciones más técnicas sobre
judicialización, informes territoriales y disciplina partidaria. El desafío
pendiente es que ambas dimensiones logren una síntesis estable: sin mística, la
programación se vuelve burocracia; sin técnica, la mística se agota en
catarsis. El documento final fue un primer intento de ese equilibrio, pero su
implementación real dependerá de la capacidad organizativa en los tramos que
siguen.
La tercera tensión, quizás la más estructural, es la
comunicacional: el reconocimiento explícito de que la derecha ha ganado la
batalla digital —con quince segundos de TikTok en San Antonio de los Cobres,
con el 90% de los votos— interpela a una militancia cuya principal fortaleza
sigue siendo el territorio físico y el vínculo cara a cara. La propuesta de
células comunicacionales intergeneracionales es prometedora en teoría, pero
requiere una inversión de formación y recursos que el espacio todavía no tiene
garantizada.
Entre los acuerdos alcanzados, el congreso logró articular
un horizonte de unidad táctica entre facciones diversas bajo el peso del dolor
compartido por el 19 de febrero, estableció un límite político claro en la
figura de la gestión de Sáenz y los legisladores que votaron el ajuste, y
construyó un primer documento programático que da cuenta de la capacidad de la
base para producir política desde abajo. La convocatoria para el 13 de marzo en
la sede del PJ fue el compromiso más concreto y verificable que el congreso
dejó como herencia inmediata.
En definitiva, el Congreso de la Militancia del 21 de
febrero de 2026 constituyó un acto de re-institucionalización desde las bases.
No fue un simple acto de desahogo ni una réplica de las formas tradicionales de
hacer política peronista: fue un intento —imperfecto, emotivo, técnicamente
desigual pero políticamente serio— de recuperar la capacidad de producir
sujetos políticos allí donde la conducción había querido fabricar únicamente
«focas que aplauden». Si esa apuesta logrará transformarse en una fuerza política
capaz de disputar la conducción del Partido Justicialista en Salta es una
pregunta que el tiempo deberá responder. Lo que el congreso dejó instalado, sin
embargo, es que la militancia de base tiene no solo el deseo, sino también los
instrumentos intelectuales y la voluntad organizativa para intentarlo.
Hoy, 21 de febrero de 2026, militantes del Partido
Justicialista (PJ) de Salta convocan el Congreso de la Militancia para resistir
la intervención nacional del partido, impuesta en febrero de 2025 por Cristina
Kirchner. Buscan enviar un mensaje claro: revitalizar el PJ, defenderlo de
"cooptaciones" por sectores alineados con el gobernador Gustavo Sáenz
(apoyador de Milei) y presionar a los interventores Sergio Berni y María Luz
Alonso.
Paralelo con Miguel Ragone
En 1973, Miguel Ragone asumió como gobernador peronista con
un gobierno popular: abrió escuelas, impulsó salud y justicia social en una Salta
pobre. Pero en 1974, el gobierno nacional (Isabel Perón) lo intervino,
allanando el golpe de 1976; Ragone fue secuestrado y asesinado por la
dictadura. Hoy, la intervención PJ evoca esa traición: un centralismo que ahoga
la voz local para alinear con ajustes nacionales, mientras crece la violencia
social e institucional bajo autoritarismos de todo tipo en la conducción local
de gobierno.
Importancia Actual
Este congreso revive la memoria de Ragone —símbolo de
peronismo auténtico y resistencia— y la justicia transicional, que juzgó
crímenes de lesa humanidad post-dictadura. En tiempos de Milei, con reformas
laborales y pobreza galopante, los militantes defienden el PJ como herramienta
del pueblo, no de élites. Es un llamado a la unidad genuina contra la
"cooptación", honrando la lucha ragoneana por una Salta justa.
En un diálogo de "honestidad brutal" a través de la pantalla de Macaya TV, Fernando Pequeño Ragone analiza la vigencia de un modelo neoliberal que, según explica el intelectual Daniel Escotorín, mantiene su "columna vertebral" intacta desde la Ley de Entidades Financieras de 1977. Junto al testimonio de Carlos Cruz —referente del sindicato de motoqueros— sobre la cruda realidad del trabajo precarizado y la desprotección de las bases, el encuentro profundiza en la "instancia terminal" del Partido Justicialista de Salta y el "saqueo" de los recursos mineros en la Puna.
Este informe, que recoge las intervenciones centrales de Pequeño Ragone bajo la conducción de Macaya, propone rescatar la figura del exgobernador Miguel Ragone no como un "cuadrito" de museo, sino como un "puente" ético y una herramienta de "gimnasia neuronal". A través de una crítica punzante a la "política profesionalizada", el ensayo postula que la rearticulación del campo popular es el único camino para superar la orfandad social y recuperar la soberanía política frente a un sistema que hoy atomiza a los trabajadores.
2026-02-12
Fernando Pequeño Ragone en entrevista con Macaya TV, junto a Daniel Escotorín y Carlos Cruz
Por Fernando Pequeño Ragone asistido con NotebookLM y Claude IA
Sintesis uno
Introducción
La conversación que sostuvimos en Macaya TV con Daniel
Escotorín y Carlos Cruz no fue un ejercicio de nostalgia política ni una
tertulia más sobre la crisis argentina. Fue un diagnóstico brutal y necesario
de la realidad que atravesamos: una crisis de representación que desnuda la
continuidad estructural del modelo neoliberal desde la dictadura militar hasta
nuestros días, independientemente del signo político de los gobiernos de turno.
Daniel identificó con precisión la columna vertebral de este
sistema: la Ley de Entidades Financieras de 1977, ese instrumento de
subordinación económica que ningún gobierno democrático—ni Alfonsín, ni Menem,
ni el kirchnerismo—se atrevió a tocar de fondo. Carlos aportó el testimonio
desgarrador del trabajador precarizado, del motoquero que trabaja catorce horas
diarias sin aguinaldo, sin vacaciones, sin aportes jubilatorios, y que votó a
Milei porque, como él dice con una honestidad que nos interpela, "nunca
tuvimos derechos bajo ningún gobierno, ¿qué tenemos que perder?" Y Macaya,
con su lucidez característica, nombró lo que todos sentimos: una sociedad
huérfana y desprotegida frente a los pulpos del poder, frente a una clase
política profesionalizada y hamburguesada que ha perdido todo vínculo con las
bases y se dedica a discutir cuotas de poder en lugar de ideas.
Entre los tres tejimos un análisis que abarcó desde la
reforma laboral que legaliza la precariedad hasta el saqueo de los recursos
naturales de Salta—el litio, el oro, el uranio que se llevan en pala—, desde la
hipocresía de un sindicalismo que traicionó su mandato histórico hasta la
crisis terminal del Partido Justicialista provincial, con sus cuarenta años de
autoridades impuestas a dedo y una intervención nacional que nos mantiene en
acefalía jurídica. Pero también coincidimos en que el mayor desafío es la
batalla cultural e intelectual: la necesidad de una gimnasia neuronal que
desarme las mentiras de los discursos libertarios y recupere la capacidad de
razonamiento frente al consumo irreflexivo de redes sociales y la inteligencia
artificial que nos quita la capacidad de pensar antes de que hayamos aprendido
a hacerlo.
Y en el centro de todo esto, como un imperativo ético
insoslayable, quedó planteada la memoria de Miguel Ragone: no como una pieza de
museo o un cuadrito colgado en la pared, sino como un puente que vincule el
pasado—la lucha de los setentistas por la justicia social, la soberanía
política y la independencia económica—con las necesidades del presente para
construir una alternativa política real. Porque si existió un Ragone, si fue
posible ese modelo de liderazgo humanista que no traicionaba, entonces es posible
volver a construirlo. No como repetición mecánica sino como actualización de
esos principios en nuestro tiempo histórico.
Lo que sigue es mi intento de procesar esa conversación, de
convertirla en reflexión política, de transformar el diagnóstico en programa de
acción. Lo hago desde mi posición particular: la de alguien que batalló dentro
del PJ por democratizarlo, que impulsó incansablemente la reforma de la Carta
Orgánica, que nunca acordó con las designaciones a dedo, y que finalmente
renunció cuando comprendió que en esa coyuntura la transformación interna era
imposible. Lo hago no para lamentarme sino para pensar con otros la
rearticulación del campo popular como modelo de democracia, superando la
degradación de los partidos y construyendo desde la coherencia con los
principios que no se negocian.
Síntesis dos
Escribo estas líneas no como un ejercicio de nostalgia, sino
como un acto de responsabilidad política. La conversación que sostuvimos en
Macaya TV con Daniel Escotorín y Carlos Cruz no fue una tertulia más sobre la
crisis argentina—de esas que abundan y que terminan diluyéndose en el aire—sino
un intento de diagnosticar con honestidad brutal la enfermedad terminal que
aqueja a nuestras herramientas de representación popular. Y digo
"nuestras" porque me niego a desligarme de la responsabilidad colectiva
que tenemos quienes alguna vez formamos parte del Partido Justicialista, aunque
haya sido precisamente desde la crítica y la disidencia interna.
Comienzo por lo más incómodo: el Partido Justicialista de
Salta atraviesa una instancia terminal. No es una hipérbole. No es una
expresión dramática para llamar la atención. Es un diagnóstico clínico de una
estructura que durante más de cuarenta años no eligió autoridades por el voto
de sus afiliados, sino que las designó a dedo. Y aquí debo ser preciso con mi
propia trayectoria: nunca acordé con esa práctica. Desde mi ingreso al partido
batalIé por la modificación de la Carta Orgánica, por la democratización
interna, por la construcción de mecanismos que permitieran la emergencia de
liderazgos desde las bases y no por designación de cúpulas. Impulsé esa
transformación con convicción, con terquedad incluso, hasta que comprendí que
en la etapa que transitaba el partido no sería posible. Entonces renuncié.
No fue una renuncia por cansancio ni por decepción personal.
Fue un acto de coherencia política. Renuncié porque entendí que permanecer
dentro de una estructura que operaba en las antípodas de lo que yo defendía me
convertía en cómplice de su degradación. Renuncié porque no quería ser parte de
un sistema donde el sello del Partido Justicialista se alquilaba al mejor
postor, donde las autoridades se imponían desde arriba, donde la militancia era
convocada solo para aplaudir decisiones ya tomadas en despachos cerrados.
Renuncié porque mi compromiso era con las ideas del peronismo, no con la
maquinaria burocrática que lo había traicionado.
Esa renuncia no me alejó del peronismo auténtico. Al
contrario, me permitió mantener viva la llama de lo que realmente significa ser
peronista: estar del lado de los trabajadores, defender la justicia social,
luchar por la soberanía política y la independencia económica. Me permitió
seguir pensando el peronismo desde afuera de la estructura partidaria
degradada, desde los márgenes, desde donde todavía es posible la crítica
honesta y la construcción genuina.
Hoy, cuando observo el estado del PJ de Salta, siento una
mezcla de indignación y de confirmación de que aquella renuncia fue el acto
político correcto. El partido está intervenido por autoridades nacionales que
no pisan Salta, que no conocen nuestras realidades, que nos tienen en acefalía
jurídica. Funcionalmente, el PJ de Salta no existe. Y esta situación no es
accidental: es el resultado de décadas de desmantelamiento de la mística
militante, de convertir un movimiento popular en un apéndice administrativo del
gobierno provincial, en un sello que se alquila al mejor postor, en una
estructura que depende económica y políticamente del Gran Burú—la sede del
gobierno—y no de las bases que debería representar.
Durante años advertí sobre este proceso. Durante años
propuse alternativas. Durante años batalIé por la reforma de la Carta Orgánica
que permitiera la democratización del partido. No fui escuchado. O peor: fui
escuchado pero ignorado deliberadamente por quienes encontraban en el sistema
de designación a dedo la garantía de perpetuarse en el poder. La batalla por la
Carta Orgánica no era un capricho institucionalista. Era la lucha por definir
qué tipo de partido queríamos ser: una maquinaria electoral al servicio de los
caudillos provinciales o un movimiento popular con capacidad de generar
liderazgos transformadores.
Escucho a Carlos Cruz contar su historia y me conmuevo. No
porque sea triste—que lo es—sino porque es verdadera. Carlos conduce una moto,
trabaja catorce horas diarias, no tiene aguinaldo, no tiene vacaciones pagas,
no tiene aportes jubilatorios. Vive en la informalidad que el sistema
naturalizó y que la reforma laboral reciente legalizó. Y cuando le preguntamos
por qué tantos trabajadores como él votaron a Milei, su respuesta es demoledora
en su simplicidad: "Porque nunca tuvimos derechos bajo ningún gobierno.
¿Qué tenemos que perder?" Esa frase debería estar grabada en bronce en
cada sede partidaria, en cada despacho gubernamental, en cada oficina sindical.
Porque resume el fracaso histórico de quienes dijimos representar a los
trabajadores mientras permitíamos que el monotributo se convirtiera en la forma
encubierta de precarizar el trabajo en relación de dependencia.
El relato de Carlos me interpela directamente. Me obliga a
preguntarme qué hicimos mal quienes formamos parte del peronismo institucional.
Me obliga a reconocer que mientras discutíamos reformas de estatutos y
cuestiones orgánicas, miles de trabajadores como Carlos eran abandonados a su
suerte. No porque la discusión sobre la Carta Orgánica no fuera importante—lo
era y lo sigue siendo—sino porque la dirigencia que controlaba el partido nunca
estuvo interesada en usar esos mecanismos democráticos para construir políticas
públicas que defendieran a los trabajadores. Para ellos, el partido era solo
una franquicia de poder, no una herramienta de transformación social.
Y entonces pienso en mi abuelo. Pienso en Miguel Ragone, el
último gobernador peronista auténtico de esta provincia. No lo digo por
nepotismo filial ni por sentimentalismo familiar. Lo digo porque es un hecho
histórico verificable: después de su desaparición forzada en 1976, lo que
sobrevino fue una democracia limitada, condicionada, disciplinada. Una
democracia que nunca se atrevió a tocar la columna vertebral del modelo
neoliberal que la dictadura instaló con la Ley de Entidades Financieras de
1977. Daniel Escotorín tiene razón cuando señala que esa ley es la matriz de
todo: la bicicleta financiera, la especulación por sobre la producción, la
subordinación del Estado a los intereses de los grupos económicos concentrados.
Mi abuelo no traicionaba porque su concepción de la política
era humanista. No era un tecnócrata ni un administrador eficiente. Era alguien
que entendía que gobernar es entregar la vida por las convicciones. Y el
sistema que emergió después de su caída fue diseñado precisamente para que
líderes de ese tipo no volvieran a emerger. La política se profesionalizó, se
hamburguesó, se llenó de "luquete" y se vació de ideas. Hoy
discutimos cuotas de poder en lugar de políticas de Estado. Hoy negociamos
cargos en lugar de construir proyectos. Hoy el dirigente que llega a un puesto
público lo primero que hace es asegurar su reproducción en el sistema, no
transformarlo.
Ese legado de mi abuelo fue lo que me mantuvo firme en mi
crítica al PJ cuando todavía estaba adentro. Ese legado fue lo que me impedía
aceptar las designaciones a dedo como si fueran un mal necesario. Ese legado
fue lo que me empujó a renunciar cuando comprendí que la batalla por la
democratización estaba perdida en esa coyuntura. Porque mi abuelo me enseñó—sin
palabras, con su ejemplo truncado por la violencia—que la política sin
principios es apenas una forma sofisticada de prostitución.
Cuando Macaya dice que la figura de mi abuelo debe ser el
pan de cada día en la mesa de los salteños, no está pidiendo que convirtamos su
memoria en un cuadrito colgado en la pared o en una efeméride escolar. Está
exigiendo que hagamos de esa memoria un puente. Daniel lo explica con
precisión: la memoria no puede ser una pieza de museo, no puede ser parte del
bricolage progresista que convierte el pasado en mito inerte. La memoria debe
funcionar como una herramienta de análisis político que vincule lo que fuimos
con lo que somos y con lo que necesitamos construir.
¿Y qué necesitamos construir? Necesitamos rearticular el
campo popular. Suena a consigna, lo sé. Pero es la única tarea que importa.
Porque hoy el pueblo está atomizado, fragmentado, dividido por un dispositivo
del cinismo que golpea masivamente desde las redes sociales, desde los
discursos libertarios, desde la inteligencia artificial que nos quita la
capacidad de razonar antes de que hayamos aprendido a hacerlo. Carlos tiene
razón cuando dice que los jóvenes que hoy se sienten atraídos por las derechas
no tienen convicciones firmes. No están perdidos. Están huérfanos. Están
buscando algo en lo que creer y nosotros no les estamos ofreciendo nada más que
el espectáculo degradado de una dirigencia que vive con lujos mientras
representa a trabajadores pobres.
Mi crítica al PJ no nace del resentimiento sino de la
necesidad histórica. No renuncié para irme a mi casa a lamentarme. Renuncié
para poder seguir trabajando por la construcción de un peronismo auténtico,
libre de las ataduras burocráticas que lo habían convertido en una caricatura
de sí mismo. Renuncié para poder decir con libertad lo que muchos piensan pero
callan por conveniencia o por miedo a perder posiciones. Renuncié para mantener
viva la coherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago.
La hipocresía del sindicalismo actual es obscena. Los mismos
dirigentes que deberían defender los derechos como los defendía Miguel—quien
dio su vida por esas convicciones—hoy negocian en silencio las reformas que
legalizan la precariedad. La CGT y los gremios tradicionales son parte del
problema, no de la solución. Y esto no lo digo desde afuera como un crítico
externo: lo digo desde la experiencia de quien batalló dentro del partido por
transformarlo y fue derrotado por una estructura que se niega a cambiar.
Pero no escribo esto para hacer catarsis ni para flagelarnos
en público. Escribo porque necesitamos gimnasia intelectual. Necesitamos
preparación crítica. Necesitamos entrenar la mente para desarmar las mentiras
que pululan en TikTok, Instagram, Facebook, en X. Necesitamos recuperar la
capacidad de reflexión que las redes sociales nos están quitando
sistemáticamente. Daniel lo dice con claridad: hay personajes que se
especializan en mentir, ocultar, tergiversar e inventar con el único objetivo
de despolitizar a la sociedad. Y están ganando porque nosotros no estamos
ofreciendo alternativas intelectuales sólidas.
La batalla cultural es el terreno donde se define todo. No
se trata solo de ganar elecciones en 2027. Se trata de construir herramientas
políticas que permitan que los trabajadores, los jóvenes, los sectores
populares vuelvan a creer que la política puede transformar sus vidas. Y para
eso necesitamos ideas, no marketing. Necesitamos políticas de Estado, no
operaciones de prensa. Necesitamos líderes que no traicionen, no influencers
con millones de seguidores.
¿Cómo se hace esto en Salta? Primero, terminando con la
acefalía jurídica del Partido Justicialista. Exigiendo que se resuelva la
intervención nacional de una vez por todas. Segundo, democratizando la
estructura interna. Convocando a elecciones genuinas donde los afiliados puedan
elegir a sus autoridades—esa batalla que yo di desde adentro y que hoy debe ser
retomada por la nueva generación de militantes. Tercero, reformando la Carta
Orgánica para que el partido vuelva a ser una herramienta de los sectores populares
y no un sello que se alquila al gobierno de turno. Esa reforma por la que
batalIé durante años y que ahora debe ser conquistada colectivamente. Cuarto,
organizando el Congreso de la Militancia que estamos impulsando desde el
Movimiento Recuperación Justicialista para febrero o marzo, donde podamos
debatir sin hipocresías las políticas del gobierno de Sáenz y buscar la unidad
del campo popular desde las bases.
Mi renuncia al PJ no fue una claudicación sino una
reubicación estratégica. Comprendí que la transformación del partido no vendría
desde adentro de su estructura burocrática, al menos no en esa coyuntura.
Comprendí que era necesario construir desde afuera, desde los movimientos
sociales, desde las organizaciones de base, desde los espacios donde todavía
late el pulso del peronismo auténtico. Comprendí que mi responsabilidad no era
permanecer en una estructura corrupta para "cambiarla desde adentro"—ese
argumento con el que tantos se justifican mientras se adaptan al sistema—sino
salir de ella para poder denunciarla con libertad y construir alternativas
genuinas.
Pero nada de esto será suficiente si no enfrentamos las
dimensiones estructurales de la crisis. Salta está siendo saqueada. El litio,
el oro, el uranio de la Puna se los llevan en pala sin que queden beneficios
proporcionales para la provincia. No hay control estatal en boca de pozo. La
prórroga por diez años de la concesión del banco provincial al Banco Macro es
una entrega de soberanía financiera: una entidad privada que sabe hasta del
primer al último centavo de las cuentas públicas y que tiene el manejo
administrativo y financiero de los recursos del Estado provincial. Esto no es
gestión eficiente: es subordinación.
Y todo esto está conectado. La Ley de Entidades Financieras
de 1977 sigue siendo la columna vertebral del sistema. La pérdida de autonomía
económica del Estado argentino facilita que las provincias sean disciplinadas
por los factores de poder económicos. El modelo neoliberal que ningún gobierno
democrático posterior a la dictadura se atrevió a tocar de fondo es el mismo
que hoy permite que Salta sea una provincia rica con un pueblo pobre. Es el
mismo que convierte a la política en un espectáculo de cinismo donde se discute
poder en lugar de ideas.
La memoria de mi abuelo es la prueba histórica de que es
posible construir alternativas. Si existió un Ragone que gobernó desde la
justicia social, la soberanía política y la independencia económica, entonces
es posible volver a hacerlo. No como una repetición mecánica del pasado, sino
como una actualización de esos principios en el siglo XXI. La memoria
proyectiva es esa: no mirar hacia atrás con nostalgia, sino usar el pasado como
combustible para construir el futuro. Y esa memoria fue también la que me sostuvo
cuando renuncié al PJ: la certeza de que la coherencia con los principios vale
más que cualquier cargo o posición dentro de una estructura degradada.
Escucho el testimonio de Carlos y veo en él la concepción
humanista de la política que necesitamos recuperar. Veo la dignidad del
trabajador que no se resigna, que se organiza, que defiende a sus compañeros
incluso cuando el sistema le niega todo. Veo la posibilidad de que desde abajo,
desde las bases, desde los barrios populares como Solidaridad que sufren la
barbarie policial y la violencia institucional, emerjan nuevos liderazgos que
no estén condicionados por el financiamiento del gobierno provincial ni por las
órdenes de los factores de poder.
Pero también veo los peligros. Veo cómo la intelectualidad
del campo popular se hamburguesá en las universidades públicas y en CONICET,
perdiendo el vínculo con las necesidades de la calle. Veo cómo la inteligencia
artificial, que podría ser una herramienta útil, se está convirtiendo en un
mecanismo de control que quita la capacidad de razonar y memorizar a los
jóvenes antes de que hayan desarrollado esas capacidades. Veo cómo figuras como
Milei no son fenómenos aislados sino peones de un dispositivo del cinismo
orquestado por poderes globales.
Por eso insisto: necesitamos gimnasia neuronal. Necesitamos
entrenar la mente para no caer en la estupidez de repetir consignas sin
verificar su veracidad. Necesitamos leer, estudiar, debatir, contrastar
fuentes, construir argumentos sólidos. Necesitamos poner las cosas en su lugar
y llamar a cada cosa por su nombre. El menemismo fue una traición al peronismo.
La profesionalización de la política fue una degradación de la representación.
La precarización laboral es un ataque directo a la dignidad humana. La entrega
de los recursos naturales es saqueo colonial. La reforma laboral de Milei
legaliza la esclavitud moderna. Y el Partido Justicialista de Salta, en su
estado actual, es una instancia terminal de lo que alguna vez fue un movimiento
de liberación nacional.
Decir esto no es derrotismo. Es el primer paso necesario
para la reconstrucción. No se puede curar una enfermedad sin diagnosticarla. No
se puede salir de una crisis sin reconocerla. Y la crisis que atravesamos no es
coyuntural: es estructural, histórica, civilizatoria. Es una crisis de
representación donde la sociedad se siente huérfana y desprotegida frente a los
pulpos del poder. Es una crisis donde la política dejó de ser la herramienta de
transformación social para convertirse en un negocio de gestión de cuotas.
Mi posición crítica frente al PJ no me convierte en un
outsider del peronismo. Al contrario, me posiciona como guardián de su esencia.
El peronismo no es el partido: es un movimiento. El peronismo no es la
burocracia: es la mística. El peronismo no es la adaptación oportunista al
poder de turno: es la defensa irrenunciable de los trabajadores. Y desde esa
concepción es que renuncié a una estructura que había traicionado todo eso,
para poder seguir siendo peronista en el sentido más profundo y verdadero del término.
Pero en medio de esta oscuridad encuentro esperanza en la
conversación que sostuvimos. Porque hablar con honestidad brutal es el primer
acto de resistencia. Porque reconocer nuestros errores—incluida mi
participación inicial en un sistema que luego combatí—es el primer paso hacia
la responsabilidad. Porque escuchar el testimonio de Carlos es entender que el
pueblo no está muerto, que sigue organizándose, que sigue resistiendo incluso
en las condiciones más adversas. Porque rescatar la memoria de mi abuelo no
como un cuadrito sino como un puente es darle sentido político al dolor
histórico.
La rearticulación del campo popular no será obra de un
caudillo iluminado ni de una vanguardia esclarecida. Será obra de la militancia
de base, de los trabajadores organizados, de los jóvenes que se nieguen a
aceptar el cinismo como normalidad. Será obra de quienes entiendan que la
política es una herramienta de transformación y no un trampolín de ascenso
social. Será obra de quienes no traicionen. Y será obra también de quienes
tengamos la valentía de renunciar a las estructuras corruptas cuando comprendamos
que no pueden ser reformadas, para construir desde afuera lo que no pudimos
lograr desde adentro.
Y aquí vuelvo a mi abuelo. No porque quiera mitificarlo ni
porque pretenda que su ejemplo sea replicable mecánicamente en el siglo XXI.
Vuelvo a él porque representa un estándar ético que necesitamos recuperar: la
idea de que gobernar es servir, de que representar es defender, de que militar
es entregarse. Su desaparición forzada en plena democracia no puede ser un dato
anecdótico en la historia provincial. Debe ser el recordatorio cotidiano de que
distraernos equivale a ser cómplices de los pulpos del poder. Y debe ser
también el recordatorio de que la coherencia política tiene un precio, pero que
ese precio vale la pena pagarlo.
Mi renuncia al PJ fue mi forma de no traicionar ese legado.
Fue mi forma de decirle a mi abuelo, aunque ya no esté, que su nieto no iba a
ser cómplice de la degradación del movimiento que él defendió con su vida. Fue
mi forma de mantener viva la llama de un peronismo que no negocia principios,
que no acepta designaciones a dedo, que no se adapta a las estructuras de poder
sino que las desafía.
Por eso propongo que terminemos con la museficación de la
memoria. Que saquemos a Ragone del cuadrito y lo convirtamos en instrumento de
análisis político. Que usemos su legado para identificar la continuidad del
modelo neoliberal desde 1977 hasta hoy. Que entendamos que el saqueo minero
actual, la pérdida de soberanía financiera con el Banco Macro, la precariedad
laboral generalizada, la crisis terminal del PJ, no son fenómenos aislados sino
consecuencias de un proceso de disciplinamiento político que comenzó con su
caída y que nunca fue revertido.
La justicia social, la soberanía política y la independencia
económica que él defendió siguen siendo los pilares de cualquier proyecto
popular auténtico. No como eslóganes vacíos sino como programas concretos:
justicia social significa trabajo registrado, salario digno, protección ante la
vejez, la enfermedad y el desempleo; soberanía política significa que el Estado
recupere el control sobre sus recursos naturales y sus finanzas, que las
decisiones se tomen en función del interés colectivo y no de los factores de
poder económicos; independencia económica significa romper con la subordinación
financiera, derogar o modificar sustancialmente la Ley de Entidades
Financieras, construir un modelo productivo que no dependa de la especulación.
¿Es posible esto en Salta? ¿Es posible en Argentina? Solo si
recuperamos la capacidad de pensar en grande, de imaginar alternativas, de
creer que otro mundo es posible. Solo si dejamos de administrar la decadencia y
comenzamos a construir la transformación. Solo si entendemos que la batalla
cultural es la batalla decisiva y que necesitamos prepararnos intelectualmente
para darla. Solo si tenemos la valentía de renunciar a las posiciones que nos
corrompen y de construir desde la coherencia aunque sea más difícil.
Carlos dice que los dirigentes actuales viven con lujos
mientras representan a trabajadores pobres. Es verdad. Pero la solución no es
el ascetismo individual ni el purismo moral. La solución es la construcción
colectiva de estructuras políticas y gremiales que representen efectivamente a
los sectores populares. Que no estén subordinadas al gobierno de turno. Que no
dependan del financiamiento estatal. Que surjan desde abajo, desde las
necesidades concretas de la gente, y no desde los despachos del poder. Y que
tengan dirigentes dispuestos a renunciar cuando comprendan que la estructura se
ha corrompido más allá de toda posibilidad de reforma interna.
El Congreso de la Militancia que estamos organizando es un
primer paso. Modesto, pero necesario. Un espacio donde podamos denunciar las
políticas de Sáenz sin intermediarios. Donde podamos debatir ideas en lugar de
discutir candidaturas. Donde podamos construir la unidad del campo popular no
sobre la base de acuerdos de cúpula sino sobre principios compartidos y
objetivos comunes. Un espacio donde quienes renunciamos al PJ por coherencia
podamos encontrarnos con quienes nunca formaron parte de él pero comparten los
mismos principios, y con quienes todavía están adentro batallando por
transformarlo.
Pero sé que no será suficiente. Sé que enfrentamos
adversarios poderosos. Sé que el sistema está diseñado para impedir que
liderazgos auténticos emerjan. Sé que los medios de comunicación priorizan el
espectáculo sobre el contenido. Sé que las redes sociales fragmentan en lugar
de unir. Sé que la inteligencia artificial puede ser usada como herramienta de
control. Sé que la violencia institucional en los barrios populares es una
forma de disciplinamiento social. Sé que la baja de la edad de imputabilidad es
una estrategia para criminalizar la pobreza.
Pero también sé que la historia no está cerrada. Que los
pueblos pueden despertar. Que las crisis terminales pueden ser oportunidades de
refundación. Que cuando todo parece perdido es cuando se hace necesario volver
a los fundamentos. Y los fundamentos son estos: la política es una herramienta
de transformación social, los partidos deben representar a los sectores
populares y no a las élites, los sindicatos deben defender los derechos de los
trabajadores y no negociar su precarización, el Estado debe recuperar el
control sobre sus recursos y sus finanzas, la memoria histórica debe ser un
puente hacia el futuro y no un museo del pasado. Y los dirigentes deben tener
la coherencia de renunciar cuando las estructuras que integran traicionan esos
principios.
Termino estas reflexiones con una convicción: necesitamos
enamorar nuevamente a los trabajadores y a los jóvenes. Necesitamos ofrecerles
algo más que el espectáculo degradado de la política actual. Necesitamos
demostrarles que es posible construir una sociedad más justa, más digna, más
humana. Y para eso necesitamos dejar de traicionar. Dejar de profesionalizar.
Dejar de hamburguesarnos. Volver a las bases. Volver a las convicciones. Volver
a la entrega. Y tener el coraje de renunciar a las posiciones cuando
comprendamos que nos están corrompiendo.
La memoria de mi abuelo me interpela todos los días. Me
pregunta qué estoy haciendo con el legado que me dejó. Me exige que no
convierta su desaparición en una excusa para la inacción sino en un combustible
para la lucha. Me recuerda que es posible no traicionar incluso cuando todo el
sistema está diseñado para que lo hagas. Me enseña que la política humanista no
es una utopía romántica sino una necesidad histórica. Y me confirma que
renunciar al PJ cuando comprendí que no podía transformarlo fue el acto de
mayor fidelidad a su legado que pude realizar.
Por eso escribo. Por eso hablo. Por eso organizo. Por eso
intento construir con otros la rearticulación del campo popular. No porque
tenga todas las respuestas. No porque sea el líder que viene a salvarnos. Sino
porque entiendo que esta es una tarea colectiva, horizontal, democrática. Una
tarea que solo puede ser realizada por la militancia de base, por los
trabajadores organizados, por los jóvenes que se niegan a aceptar el cinismo
como normalidad. Una tarea que requiere tanto de quienes batallan dentro de las
estructuras partidarias como de quienes hemos decidido construir desde afuera
después de comprender que la transformación interna era imposible en esa
coyuntura.
La democracia que necesitamos no es la que tenemos. La que
tenemos es limitada, condicionada, disciplinada. La que necesitamos es una
democracia real donde el pueblo efectivamente gobierne, donde las decisiones se
tomen en función del interés colectivo, donde la justicia social no sea una
promesa incumplida sino una realidad cotidiana. Donde las autoridades
partidarias se elijan por voto y no a dedo. Donde las cartas orgánicas sirvan
para democratizar y no para perpetuar oligarquías internas.
Y para construir esa democracia necesitamos superar la
degradación de los partidos. Necesitamos transformar el Partido Justicialista
de Salta de una estructura terminal en un movimiento vivo. Necesitamos que deje
de ser un sello que se alquila y se convierta nuevamente en una herramienta de
los sectores populares. Necesitamos que surjan líderes que no traicionen.
Necesitamos recuperar la mística militante que el sistema destruyó
sistemáticamente. Y necesitamos que quienes comprendamos que esa transformación
no es posible desde adentro en determinadas coyunturas tengamos el coraje de
renunciar y construir desde afuera, manteniendo viva la llama de los principios
mientras esperamos el momento en que la estructura pueda ser recuperada por la
militancia de base.
Esta es la tarea. Inmensa, pero necesaria. Urgente, pero que
requiere paciencia estratégica. Difícil, pero no imposible. Porque si mi abuelo
pudo gobernar desde la justicia social, la soberanía política y la
independencia económica en los años 70, nosotros podemos volver a hacerlo en el
siglo XXI. No como una copia mecánica del pasado, sino como una actualización
de esos principios en nuestro tiempo histórico. Y porque si yo pude renunciar
al PJ para mantener la coherencia con esos principios, otros también pueden
tomar decisiones difíciles para no ser cómplices de la degradación.
La memoria es un puente. La política es una herramienta. La
rearticulación popular es una necesidad. La coherencia es un imperativo ético.
Y nosotros somos los responsables de que esto suceda. Nadie vendrá a salvarnos.
Nadie nos regalará la transformación. Tendremos que construirla nosotros
mismos, desde abajo, desde las bases, desde la convicción de que otro mundo es
posible, desde dentro o desde fuera de las estructuras partidarias según lo que
cada coyuntura demande, pero siempre desde la coherencia con los principios que
no se negocian.
Este es mi compromiso. Este es el sentido de la conversación
que sostuvimos en Macaya TV. Este es el llamado que les hago a todos los que
lean estas líneas: dejemos de ser espectadores de nuestra propia decadencia y
convirtámonos en constructores de un futuro digno. La historia nos juzgará no
por nuestras intenciones sino por nuestros actos. Y el acto que necesitamos
ahora es la rearticulación del campo popular para recuperar la política como
herramienta de transformación social. Ese acto incluye la valentía de renunciar
cuando sea necesario, de construir desde los márgenes cuando el centro esté
corrompido, de mantener viva la coherencia aunque el precio sea alto.
Porque, al final, de eso se trata: de recuperar la capacidad
de transformar. De creer que es posible. De no traicionar. De construir con
otros. De hacer de la memoria un puente y no un museo. De gobernar para el
pueblo y no para los factores de poder. De defender los derechos como los
defendía Miguel. De entregarnos a la causa con la misma convicción humanista de
los setentistas. De no resignarnos. De no rendirnos. De seguir luchando. Y de
tener el coraje de renunciar a las posiciones que nos corrompen para poder
seguir luchando con coherencia.
Un ensayo sobre la rearticulación del Partido
Justicialista en Salta
Por Fernando Pequeño Ragone, asistido por NotebookLM y Clude AI [1][2]
Escribo estas líneas desde un lugar de compromiso y urgencia histórica. Como creador del Ateneo Miguel Ragone en el Partido Justicialista de Salta, he dedicado estos años a tejer vínculos con numerosos grupos y compañeros que compartimos una convicción profunda: es necesario refundar nuestro partido en clave popular, inclusiva y desarrollista. Esta no es una empresa romántica ni nostálgica; es una necesidad política concreta frente a lo que percibimos como una entrega sistemática de nuestra provincia —y de nuestro país— a un modelo neoliberal y ultraconservador que nos resulta ajeno y profundamente injusto.
Lo que aquí relato no es producto de la especulación de escritorio, sino de conversaciones estratégicas sostenidas en bares, en el territorio, en comisarías que visito como miembro del Consejo Consultivo del Comité de Prevención de la Tortura, y en campos donde trabajo como productor agropecuario. Mi doble condición —referente político y trabajador del sector productivo— me ha permitido observar desde múltiples ángulos la crisis institucional que atraviesa Salta y el peronismo que la habita.
El diagnóstico es claro y doloroso: el Partido Justicialista
en Salta es hoy una estructura desarticulada que requiere una intervención
técnica y política profunda si pretendemos volver a ser una opción de poder en
un plazo razonable. No hablo de dos décadas; hablo de dos años. Pero para eso
debemos atravesar un proceso quirúrgico que muchos temen y otros directamente
resisten.
En conversaciones recientes con conductores de primera línea
de la gestión pre-Sáenz, hemos consensuado algunos criterios básicos. El
primero y más importante: la intervención del partido no puede quedar en manos
de quienes fueron candidatos recientemente. Eso incluye figuras destacadas. La
razón es técnica y política: evitar interpretaciones sesgadas que pongan en
duda la legitimidad del proceso. Necesitamos figuras de diálogo, con perfiles
jurídicos sólidos y legitimidad territorial. Pensamos en nombres del norte y el
este provincial, empresarios y políticos con arraigo real, personas que puedan
"trazar la cancha" desde una legalidad renovada.
El objetivo de esta intervención no puede ser —y esto es
crucial— la normalización inmediata para entregarle el partido nuevamente a la
actual gestión provincial. Ese sería el error definitivo, la repetición
mecánica de una tragedia que ya conocemos. La meta es otra: depurar, fortalecer
la base, y plantar una alternativa que madure después del ciclo electoral
actual.
Cuando uno hurga en las finanzas partidarias, encuentra
datos escalofriantes. El PJ mantiene gastos operativos de aproximadamente
veinte millones de pesos mensuales. ¿De dónde salen? De aportes que, en muchos
casos, provienen del propio gobierno provincial a través de mecanismos
paritarios. Pero aquí surge una contradicción perversa: funcionarios con cargos
políticos, con aspiraciones de autoridad dentro del partido, no realizan los
aportes que les corresponden como afiliados. Es preciso plantear la intimación
a todos los afiliados con cargos para regularizar esta situación. No se trata
de una cuestión contable; se trata de recuperar la mística del socio que paga
su cuota, del militante que sostiene su herramienta política con independencia
y dignidad.
La reforma de la Carta Orgánica se nos presenta como
indispensable. Abrir y modificar ese documento fundacional es dotar a la
institución de legitimidad renovada. Pero también sabemos que es un proceso
complejo, que debe realizarse tras depurar el congreso partidario. No podemos
convocar a un congreso contaminado por operadores funcionales al oficialismo
provincial y pretender que de allí salga una carta democrática. Primero hay que
limpiar la casa; después, remodelarla.
La provincia de Salta vive hoy bajo una gestión que realiza
todos los méritos posibles para pertenecer a La Libertad Avanza. No es una
hipérbole: es la mejor expresión del neoliberalismo en el noroeste argentino.
Visto desde esa lógica, el gobierno provincial es exitoso. El problema es que
nosotros vibramos en otro lugar, aspiramos a otro modelo de provincia. Esta
diferencia no es meramente estética o discursiva; es una diferencia
civilizatoria.
La gestión actual se apoya estratégicamente en el rechazo a
administraciones anteriores, pero carece de una posición ideológica sólida más
allá del pragmatismo adaptativo al poder nacional. Es un espejo provincial de
lo que ocurre en la Casa Rosada, donde el presidente representa la expresión
máxima de un neoliberalismo que, aunque exitoso en sus propios términos, nos
resulta opuesto al país que queremos construir.
A nivel nacional, el dilema es también dramático. El
kirchnerismo, aunque mantiene un piso electoral importante —especialmente en
Buenos Aires—, es probable que frente a la polarización y la victoria cultural
de las derechas globalizadas, no pueda hacer frente de manera exitosa frente al
modelo neoliberal global en una contienda electoral presidencial. Es necesario,
pero no es suficiente. No digo esto con ánimo de polémica sino como
constatación dolorosa. Para reconstruir una alternativa competitiva, debemos
salir de ese callejón sin salida. El mundo no puede limitarse a ser
kirchnerismo versus antikirchnerismo, porque esa dicotomía ya nos condena de
antemano. Es necesario recuperar y cuidar el modelo kirchnerista, y continuar
avanzando en una síntesis que re incorpore a los que se fueron y sobre todo, a
los veinteañeros.
No se trata de negar tradiciones ni de renegar de
compañeros, sino de ampliar el horizonte y recuperar la capacidad de
convocatoria que el peronismo tuvo en sus mejores momentos históricos.
En el plano provincial, la relación que me conecta con
figuras históricas del Partido y del peronismo en Salta es ambivalente. Hay
dirigentes con gran inserción territorial en el norte, con capacidad de
movilización real, pero cuyo rol en campañas anteriores fue, en mi lectura,
funcional al gobierno provincial. La separación de bloques en momentos
críticos, la conformación de frentes electorales que terminan por romper la
unidad del PJ, son operaciones que benefician siempre al poder de turno. El
desafío es integrar sin subordinarse, sumar sin claudicar.
Las dirigencias históricas —esos compañeros que fueron
protagonistas de gestiones pasadas— deben ser reconocidas, acompañadas,
invitadas a aportar su mística. Pero también deben comprender que el
protagonismo debe pasar a nuevas generaciones. No se trata de un relevo cruel
sino de una transición orgánica, donde la experiencia ilumine sin obturar el
camino de quienes vienen detrás.
Si hay algo que he aprendido como productor agropecuario es
que el poder real en Salta no se concentra únicamente en la capital. Está
disperso en el territorio, en los campos, en las empresas agroindustriales del
norte, en los pequeños productores que sostienen con su trabajo cotidiano la
economía regional. Mi estrategia política pasa, necesariamente, por insertarme
en ese mundo.
Ayer acompañé al Comité de Prevención de la Tortura a
visitar una comisaría en una localidad del sur este provincial. Mi interés, sin
embargo, no se limitó a lo institucional: aproveché el viaje para vincularme
con actores políticos locales y con los "chiquitos", esos productores
que tienen entre tres mil y cinco mil hectáreas y manejan equipos de peones; y
aún más pequeñitos a nivel casi de las economías informales. Ahí está la base
social que necesitamos reconstruir.
Hay una diferencia conceptual que marco siempre: el
pensamiento de los gerentes de las grandes empresas agroexportadoras es
distinto al mío. Ellos piensan en volumen, en exportación, en eficiencia
macroeconómica. Yo pienso en los chiquitos, en los tipos que tienen sus campos
y sus peones, que pagan pequeños salarios y que son la columna vertebral del
interior productivo. Ahí está la diferencia entre un modelo extractivista y un
modelo de desarrollo con inclusión.
He identificado empresas clave en la zona: algunas son un
soporte importante, con gerentes que entienden la necesidad de articulación
territorial. Otras tienen un perfil más cerrado, más profesionalizado en el mal
sentido, donde todo es protocolo y distancia. La tarea es vincular a ambos
mundos: las grandes empresas con los pequeños productores, generando sinergias
que fortalezcan el entramado productivo regional.
En términos geográficos, hay localidades donde observo un
potencial de recambio generacional. En algunas ciudades del norte hay
dirigentes de segunda línea, una generación intermedia de concejales y jóvenes
políticos que están "dando vueltas", esperando su momento. Son dos o
tres nombres en cada municipio que vale la pena cultivar. En otras localidades,
como Saravia, he conocido productores con apellidos tradicionales de la zona,
con inquietudes políticas genuinas, que podrían servir de nexo. Ahí también está
la semilla de una dirigencia renovada.
La cultura judicial en el interior de Salta es, para decirlo
suavemente, problemática. Tras el contacto con jueces de la zona, he llegado a
una conclusión inquietante: existe una naturalización de las deficiencias del
sistema por parte de los propios operadores judiciales. Los jueces han
naturalizado la precariedad institucional, la falta de recursos. Y esa
naturalización es parte del problema.
No podemos pretender cambiar esta situación desde la
confrontación directa. El análisis que hago es más sutil: hay que
"sembrar" nuevas perspectivas en estos actores, hay que mostrarles
otras formas posibles de ejercer la función judicial. Es un trabajo hormiga, de
largo aliento, pero indispensable si queremos que el sistema de justicia deje
de ser un obstáculo para la transformación social.
El Consejo Consultivo del Comité de Prevención de la Tortura
me ha dado una plataforma invaluable para esta tarea. Las visitas a comisarías,
los contactos con fiscales, con defensores, con jueces de paz, me permiten ir
mapeando el territorio judicial y generando vínculos que después pueden
traducirse en cambios concretos. No es política tradicional; es construcción
institucional desde los márgenes.
También estoy trabajando en un proyecto editorial que revisa
los cambios políticos en Salta en un años que considero coyuntural: el 2006, porque
marca un punto de inflexión en nuestra historia reciente de los últimos veinte
años. Por estos días busco un candidato/a para escribir el prólogo bajo el
marco conceptual de la justicia transicional. ¿Qué pasó en 2006? ¿Por qué ese
año marca un quiebre? ¿Qué gestión estaba en curso y qué transformaciones se
operaron después? Estas preguntas no son académicas; son preguntas políticas
con consecuencias en el presente.
Hay una dimensión que muchos compañeros del partido todavía
resisten reconocer, pero que es central para cualquier proyecto de refundación:
la cuestión del género y la diversidad sexo-afectiva. No se trata de un
agregado cosmético ni de una concesión a la "agenda progresista"; se
trata de entender que el peronismo, desde sus orígenes, fue un movimiento de
inclusión radical, y que esa inclusión debe actualizarse a nuestro tiempo.
Actualmente trabajo sobre un libro que considero fundamental
para este debate: "Cumbia, Copeteo y Lágrimas", de Lohana Berkins. Es
un material editado por esta referente histórica de la lucha trans en
Argentina, y su valor radica en que plantea la relación entre la política y la
subjetividad íntima. Sus proposiciones tienen que circular. Porque ahí está una
clave que no podemos ignorar: la política atraviesa los cuerpos, las
identidades, los deseos. Y un peronismo que no comprenda esto será siempre un
peronismo incompleto.
En nuestras conversaciones estratégicas, este tema aparece
de manera lateral pero insistente. No porque sea prioritario en la agenda
electoral inmediata, sino porque forma parte de una concepción más amplia de lo
que debe ser un modelo salteño popular e inclusivo. Inclusivo de verdad, no de
palabra. Inclusivo de las mujeres que históricamente han sido relegadas a roles
secundarios en la estructura partidaria. Inclusivo de las diversidades que el
conservadurismo provincial ha intentado borrar o invisibilizar.
El modelo ultraconservador que hoy gobierna Salta —y que se
expresa también a nivel nacional— tiene una agenda clara en este sentido:
retroceso en derechos conquistados, invisibilización de las disidencias,
reforzamiento de estructuras patriarcales. Nuestra respuesta no puede ser
tibia. Debe ser contundente y clara: defendemos la igualdad, la diversidad, la
libertad de los cuerpos y las identidades. Y lo hacemos no como una concesión
táctica sino como una convicción estratégica.
Reconstruir el peronismo en Salta no es una tarea electoral.
Es una batalla por la legitimidad institucional y por la recuperación de una
herramienta de expresión política frente a un modelo que percibimos como ajeno
y antipopular. Esta batalla tiene varios frentes simultáneos, y todos deben ser
atendidos con rigor.
Primero, el frente institucional: intervenir el partido con
criterios técnicos, sanear las finanzas, reformar la carta orgánica, depurar el
congreso partidario. Sin una estructura sana, no hay construcción política
posible. Esto requiere consensos, diálogo con todas las líneas internas, y una
cuota de pragmatismo que no sacrifique principios pero que reconozca
correlaciones de fuerza.
Segundo, el frente territorial: insertarnos en el sector
productivo del interior, vincular grandes empresas con pequeños productores,
articular con ONGs y organizaciones gremiales, identificar y cultivar
dirigentes de la generación intermedia. El poder está en el territorio, no en
los despachos de la capital. Y el territorio es complejo, contradictorio, lleno
de matices que solo se perciben cuando uno lo recorre con humildad y atención.
Tercero, el frente judicial e institucional: trabajar con el
Comité de Prevención de la Tortura, sembrar nuevas perspectivas en operadores
judiciales, documentar las deficiencias del sistema y proponer alternativas.
Este es un trabajo silencioso, poco vistoso, pero de largo alcance. Las
instituciones no se transforman con declaraciones; se transforman con presencia
sostenida y propuestas concretas.
Cuarto, el frente cultural y de memoria: recuperar
materiales bibliográficos que iluminen nuestro presente, escribir sobre los
puntos de inflexión históricos, construir un relato que no sea nostálgico sino
proyectivo. La historia no es un museo; es un arsenal de herramientas para el
presente. Por eso me interesa tanto el año 2006, por eso busco ese libro sobre
política y subjetividad, por eso insisto en que debemos entender de dónde
venimos para saber adónde vamos.
Quinto, el frente de la inclusión y la diversidad:
incorporar la perspectiva de género y diversidad sexo-afectiva como parte
constitutiva del proyecto político, no como un agregado. Esto implica lugares
de decisión para mujeres, reconocimiento de las disidencias, políticas públicas
concretas. Un peronismo popular en el siglo XXI no puede ser patriarcal, no
puede ser excluyente, no puede ser conservador.
El horizonte temporal que manejamos es acotado pero
realista: dos años para tener una estructura competitiva, para haber
reconstruido la base militante, para contar con dirigentes territoriales con
legitimidad. No hablamos de ganar la próxima elección; hablamos de estar en
condiciones de disputarla con dignidad y con propuesta. Porque la alternativa
no va a salir de la nada. Hay que construirla, ladrillo por ladrillo,
conversación por conversación, vínculo por vínculo.
A nivel nacional, el desafío es aún mayor: construir una
opción que trascienda la dicotomía kirchnerismo-antikirchnerismo, que recupere
la tradición justicialista sin quedar atrapada en ella, que dialogue con las
nuevas generaciones sin perder la memoria histórica. Salta es un campo aparte,
pero no tiene un enclave nacional sustentable si no se conecta con estas
construcciones más amplias.
Me mueve una urgencia que es histórica y personal al mismo
tiempo. Como creador del Ateneo Miguel Ragone, siento que llevamos el nombre de
alguien que fue asesinado por defender sus convicciones. Esa memoria nos
obliga. No podemos traicionar ese legado con mediocridades, con cálculos
mezquinos, con entregas disfrazadas de pragmatismo. Miguel Ragone murió por un
proyecto de provincia justa, inclusiva, soberana. Nosotros estamos vivos, y
tenemos la responsabilidad de intentar hacer realidad ese proyecto.
Cuando converso en bares con conductores de primera línea de
la gestión pre-Sáenz, cuando visito comisarías en el interior, cuando me reúno
con productores agropecuarios o con vacunadores del SENASA, cuando escribo
sobre justicia transicional o busco libros perdidos sobre política y
subjetividad, todo eso es parte de una misma tarea: reconstruir el tiempo.
Recuperar el tiempo perdido, proyectar el tiempo futuro, habitar el tiempo
presente con densidad y compromiso.
No sé si lo lograremos. Sé que debemos intentarlo. Porque el
modelo neoliberal y ultraconservador que hoy gobierna Salta y el país no es
inevitable. Es una opción política, y como toda opción política puede ser
disputada, resistida, transformada. Pero eso requiere organización, requiere
ideas, requiere valentía. Requiere, sobre todo, un Partido que vuelva a ser
herramienta y no obstáculo.
Estas palabras mías son, entonces, una declaración de
intenciones y un mapa de ruta. Un documento de situación y un programa de
acción. Una mirada crítica sobre el presente y una apuesta esperanzada sobre el
futuro. Lo escribo desde mi doble condición de militante político y productor
agropecuario, desde mi trabajo en el Consejo Consultivo del Comité de
Prevención de la Tortura y mi compromiso con el Ateneo Miguel Ragone, desde mi
experiencia territorial y mis lecturas teóricas.
El peronismo salteño está en crisis. Pero las crisis son
también oportunidades. Y nosotros estamos decididos a aprovechar esta
oportunidad para refundar un movimiento que vuelva a representar los intereses
populares, que vuelva a incluir a todos los excluidos, que vuelva a proponer un
modelo de desarrollo con justicia social. No es una tarea fácil. Nunca lo fue.
Pero es la única tarea que vale la pena.
El tiempo apremia. El territorio espera. La historia
juzgará. Nosotros, mientras tanto, seguimos trabajando.
[1]
Orden (Claude): Construye un ensayo extenso con el texto que te adjunto.
Encuentra un título ligado al eje temporal y la rearticulación del PJ. Narra en
primera persona, siendo Fernando Pequeño Ragone el narrador. Introduce la
mención que se trata del creador el Ateneo Miguel Ragone en el Partido
Justicialista de Salta, vinculado a muchos grupos del partido que buscan su
refundación en un modelo salteño popular, inclusivo y desarrollista pero en
contra de la entrega neoliberal y ultraconservadora de la conducción actual de
la provincia de Salta y del país. Elimina cualquier otro nombre propio.
Reemplaza las menciones a interlocutores directos como “conductores de primeras
líneas de la gestión pre-Sáenz”. Recupera cada una de las subdimensiones
respecto a las dimensiones de “Reestructuración del Partido Justicialista
(PJ)”; “Diagnóstico del Escenario Político Provincial y Nacional”; “Estrategia
Territorial y Sector Agropecuario”; “Justicia y Derechos Humanos”. Mención
especial para la dimensión del género, la diversidad sexo afectiva y la
rearticulación. Concluye con una meritación del camino a seguir.
[2]
Orden (NotebookLM): Introduce y cierra con la mención a que Fernando Pequeño
Ragone es creador del Ateneo Miguel Ragone en el ámbito del Partido
Justicialista de Salta, como continuidad del primer Ateneo Miguel Ragone creado
por el ex senador Marcelo López Arias en la transición democrática de 1983, en
Salta. En esta oportunidad habla desde ese espacio en el contexto de la
política concreta de un sector del Partido Justicialista de Salta que intenta
re articularse en un modelo popular, abierto y participativo.
