ATENEO MIGUEL RAGONE
Partido Justicialista — Salta
LA VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS SALTEÑAS:
Un análisis peronista y una convocatoria
a la acción
A
TODOS LOS GRUPOS ACTIVOS DEL PARTIDO
Salta, abril de 2026
Contenidos:
PREÁMBULO:UNA CONVOCATORIA URGENTE
I.UN SÍNTOMA, NO UNA ANOMALÍA: LECTURA PERONISTA DEL FENÓMENO
II.LAS TRES BANDERAS FRENTE A LA CRISIS ESCOLAR
A.La Soberanía Política en la Educación
III.LAS DIMENSIONES DEL PROBLEMA: UN MAPA PARA LA ACCIÓN
IV.EL PROGRAMA PROVINCIAL DE PREVENCIÓN: EVALUACIÓN CRÍTICA
V.RECOMENDACIONES AL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL
1.Plan Provincial de Infraestructura Socio-Emocional
2.Reforma de la Formación Docente con Enfoque en Mediación
3.Programa de Inclusión Digital Soberana
VI.RECOMENDACIONES AL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
1.Creación de Unidades de Atención en Conflictos Juveniles (UACJ)
VII.MEDIDAS INSTITUCIONALES DEL PARTIDO: LA UNIDAD DE ACCIÓN
Acciones Inmediatas para los Grupos Activos
CONCLUSIÓN:HACIA LA CONDUCCIÓN DE LA PAZ
FUENTESY REFERENCIAS DOCUMENTALES
PREÁMBULO: UNA CONVOCATORIA URGENTE
El
Ateneo Miguel Ragone —espacio de pensamiento, formación y elaboración
doctrinaria del Partido Justicialista de Salta— se dirige hoy a todos los
grupos activos, mesas de conducción, unidades de base, agrupaciones sectoriales
y cuadros militantes de nuestra fuerza política en toda la provincia. Lo hace
impulsado por una realidad que no admite dilación: la violencia en los
establecimientos educativos de Salta se ha instalado como uno de los fenómenos
más urgentes y políticamente significativos del primer cuatrimestre de 2026.
Esta
convocatoria no es un gesto burocrático ni una declaración de buenas
intenciones. Es una llamada a la deliberación organizada, a la producción
colectiva de pensamiento y a la formulación de recomendaciones concretas
destinadas a dos interlocutores institucionales: el Poder Ejecutivo provincial
y el Ministerio Público Fiscal de Salta. El objetivo es doble: incidir en las
políticas públicas desde la perspectiva de la justicia social y fijar una
posición partidaria pública, coherente con nuestra doctrina, en un debate que
hoy está siendo capturado por el discurso punitivo y la respuesta policial.
La
situación en Salta Capital y distritos como Rosario de la Frontera ha escalado
desde conflictos interpersonales hasta amenazas de tiroteos masivos, a menudo
vinculadas a 'retos virales'. El Observatorio Provincial de la Convivencia y la
Participación ha sistematizado más de 3.900 incidentes de violencia en un año.
Frente a ese número, el Partido Justicialista no puede ser un espectador
silencioso.
I. UN SÍNTOMA, NO UNA ANOMALÍA: LECTURA PERONISTA
DEL FENÓMENO
El
fenómeno de la violencia en los establecimientos educativos de la provincia de
Salta, manifestado con inusitada virulencia durante el primer cuatrimestre del
año 2026, no constituye un evento fortuito ni una anomalía meramente
pedagógica. Se trata de un síntoma inequívoco del desmembramiento del tejido
social, provocado por lógicas de exclusión estructural y por el retiro
sistemático del Estado de sus funciones de protección y promoción.
Para
el Partido Justicialista, como institución fundamental de la democracia y
garante del modelo de gobierno basado en la justicia social, este escenario
exige un análisis que trascienda la coyuntura policial y se sitúe en la
discusión del modelo de provincia y país que aspiramos a conducir. La escuela,
lejos de ser una isla, funciona como una caja de resonancia de la violencia que
el Estado ejerce y tolera en el resto del cuerpo social. Cuando la conducción
política apela a la represión de obreros y jubilados, envía un mensaje claro de
que la fuerza es el único lenguaje válido para resolver conflictos. Los jóvenes
aprenden esa lección.
El
diagnóstico provisorio elaborado por referentes de la sociedad civil, en la
Asociación Miguel Ragone y en la Red Contra la Violencia Institucional, identifica
correctamente la 'violencia vertical' que desciende desde el Estado hacia los
sectores populares como la causa raíz de la conflictividad escolar. Sin
embargo, desde la institucionalidad de un partido de poder como el
Justicialismo, es necesario transformar este grito de resistencia en una
propuesta de organización comunitaria. La violencia en las escuelas no es solo
un fracaso escolar; es el resultado de la ruptura del pacto de la Comunidad
Organizada.
II. LAS TRES BANDERAS FRENTE A LA CRISIS ESCOLAR
A. La Soberanía Política en la Educación
La
soberanía política, en el pensamiento justicialista, no se limita a la
autodeterminación internacional; se expresa en la capacidad de las
instituciones para dictar su propio orden de convivencia sin ser colonizadas
por lógicas represivas o discursos de odio importados. La actual
'policialización' de las escuelas salteñas —donde se responde a una pintada en
un baño con allanamientos de la Brigada de Investigaciones— representa una
cesión de la soberanía pedagógica frente al brazo punitivo del Estado.
Recuperar
la soberanía en la escuela implica fortalecer la autoridad del docente como
representante de un Estado protector y no como un mero auxiliar de la justicia
penal. La soberanía política se defiende garantizando que las decisiones sobre
la convivencia escolar se tomen en los consejos consultivos de cada
establecimiento, con participación de familias y alumnos, y no mediante
protocolos de seguridad dictados desde un enfoque de control poblacional.
B. La Independencia Económica como Base de la Paz
Social
La
independencia económica es la condición de posibilidad para financiar un
sistema educativo que no expulse a sus hijos. El diagnóstico de la red de
violencia institucional señala que el ajuste iniciado en 2024 ha desmantelado
los programas de contención, despidiendo a especialistas y cerrando centros de
día para jóvenes con consumos problemáticos. Sin recursos propios y con una
provincia atada a los condicionamientos del ajuste nacional, la escuela queda
desprotegida.
La
verdadera independencia económica aplicada al conflicto escolar reside en la
capacidad de la provincia para financiar equipos de orientación completos,
parejas pedagógicas y dispositivos de salud mental sin depender de 'vouchers' o
financiamientos externos que condicionan la currícula. La violencia es, en gran
medida, la expresión de la desesperanza económica de familias que no ven en la
educación un vehículo de ascenso social sino una guardería de contención
precaria.
C. La Justicia Social: El Derecho a la Felicidad
del Niño
La
justicia social establece que los únicos privilegiados deben ser los niños. La
realidad de Salta en 2026, con 3.900 incidentes de violencia registrados en un
año, contradice este principio fundamental. La justicia social no es solo
entregar guardapolvos; es garantizar un entorno donde el adolescente no sea
tratado como un sospechoso por defecto.
El
Justicialismo sostiene que la violencia escolar se erradica con más derechos,
no con más patrulleros. La justicia social exige que el Estado recupere su rol
como armonizador de los intereses individuales y colectivos, asegurando que
cada joven tenga un proyecto de vida digno, vinculado al trabajo y a la cultura
de la solidaridad.
III. LAS DIMENSIONES DEL PROBLEMA: UN MAPA PARA LA
ACCIÓN
El
Ateneo Miguel Ragone considera indispensable que los grupos activos del Partido
aborden la crisis desde todas sus dimensiones sin omitir ninguna. La siguiente
tabla sintetiza el mapa analítico que debe orientar los debates internos:
|
DIMENSIÓN |
DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO |
ACTOR RESPONSABLE / AFECTADO |
|
Estructural |
Desmantelamiento del tejido social
por políticas de ajuste económico desde 2024. |
Estado Nacional / Familias
vulnerables. |
|
Institucional |
Retiro del Estado de los espacios
de contención; cierre de programas de salud mental y adicciones. |
Ministerio de Educación /
Ministerio de Salud. |
|
Simbólica |
Discurso de 'odio' y 'guerra' en
la conducción política que permea hacia las bases. |
Liderazgos políticos / Juventud. |
|
Tecnológica |
Uso de redes sociales para la
masificación de amenazas y ciberbullying. |
Plataformas digitales /
Estudiantes. |
|
Punitiva |
Criminalización de la conducta
juvenil; imputaciones por 'intimidación pública'. |
Ministerio Público Fiscal /
Menores de edad. |
La
comprensión integral de estas dimensiones es condición necesaria para evitar
diagnósticos parciales que luego deriven en propuestas insuficientes. No se
puede reducir la dimensión estructural a la tecnológica, ni responder a la
dimensión punitiva sin cuestionar el modelo de Estado que la sostiene.
IV. EL PROGRAMA PROVINCIAL DE PREVENCIÓN:
EVALUACIÓN CRÍTICA
Desde
el año 2025, Salta implementa el Programa Provincial de Prevención de la
Violencia en la Escuela, diseñado bajo la premisa de garantizar intervenciones
'oportunas, coordinadas y respetuosas de los derechos de niños, niñas y
adolescentes'. El Ateneo reconoce la existencia de este programa y valora
positivamente algunos de sus ejes. Sin embargo, una posición partidaria
responsable exige también señalar sus límites y contradicciones.
Ejes que el Partido debe sostener
y fortalecer
•
Fortalecimiento de los Equipos POE (Apoyo y Orientación
Escolar), definidos como dispositivo central para la construcción de entornos
de paz desde una perspectiva pedagógica de cuidado.
•
La Unidad Provincial de Apoyo (UPACE), equipo
interdisciplinario con capacidad de intervención en territorio dentro de las
primeras 24 horas ante crisis o emergencias escolares.
•
El Observatorio Provincial de la Convivencia y la
Participación, que produce datos e indicadores basados en evidencia para
orientar el diseño de políticas públicas.
•
La Formación Permanente obligatoria para docentes en
mediación y resolución estratégica de conflictos.
•
El eje de Corresponsabilidad Familiar-Escuela para
prevenir el acoso y la violencia desde la raíz vincular.
Advertencias críticas que el
Partido debe formular
•
Contra la Militarización de los Espacios Educativos: la
presencia policial en los colegios no resuelve la inseguridad, sino que la
desplaza y la profundiza. Un policía en el pasillo no puede reemplazar a un
psicopedagogo en el gabinete.
•
Sobre el Impacto del Ajuste en la Salud Mental: la
provincia de Salta no puede seguir el ritmo de recortes de la Nación sin poner
en riesgo la vida de sus jóvenes. El incremento en los índices de suicidio y
consumos problemáticos en NNyA es una señal de alarma que la política no puede
ignorar.
•
La Insuficiencia de la Ley 8406 (Ley de Bullying): si
bien la ley establece criterios de prevención, su aplicación es puramente
administrativa y carece de presupuesto para los 'equipos especializados' que
menciona. El Partido debe exigir que la ley sea dotada de recursos reales.
V. RECOMENDACIONES AL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL
A
partir del análisis precedente, el Ateneo Miguel Ragone propone que los grupos
activos del Partido elaboren, debatan y eleven al Ejecutivo provincial el
siguiente conjunto de recomendaciones:
1. Plan Provincial de Infraestructura
Socio-Emocional
Inversión
masiva en la creación de 'Espacios de Escucha' en cada barrio, gestionados por
equipos interdisciplinarios que dependan de una estructura civil y no de las
fuerzas de seguridad. Estos espacios deben articularse con la escuela pero no
depender de ella, para garantizar acceso a jóvenes que ya han abandonado el
sistema.
2. Reforma de la Formación Docente con Enfoque en
Mediación
No
basta con cursos aislados. Se debe integrar la resolución no violenta de
conflictos como eje transversal de la formación inicial y continua, otorgando
herramientas reales para que el docente pueda ejercer su autoridad pedagógica
de manera democrática. El Ministerio de Educación debe asumir este compromiso
presupuestario con carácter prioritario.
3. Programa de Inclusión Digital Soberana
Ante
el fenómeno de la violencia digital y los 'retos virales', el Estado debe
proveer no solo dispositivos, sino una formación en ciudadanía digital que
permita a los jóvenes discernir y resistir las lógicas de odio de las redes.
Esta política debe articularse con el sistema educativo formal y los espacios
comunitarios.
4. Restitución de los Programas de Contención
Desmantelados
El
Ejecutivo debe revertir el proceso de desfinanciamiento de los programas de
salud mental y adicciones para jóvenes. La reapertura de los centros de día y
la reincorporación de los especialistas despedidos son condiciones mínimas para
detener el deterioro del tejido de contención.
5. Presupuesto Real para la Ley 8406
El
Partido debe impulsar legislativamente la dotación de recursos efectivos para
la Ley Provincial de Bullying, transformándola de declaración de intenciones en
política pública con equipos, protocolos y presupuesto operativos.
VI. RECOMENDACIONES AL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
La
respuesta del Ministerio Público Fiscal de Salta ante la crisis ha seguido
hasta ahora un modelo punitivo tradicional: detenciones, allanamientos y
secuestro de teléfonos celulares. Este enfoque es incompatible con una visión
de justicia social y protección integral de derechos. El Ateneo propone que el
Partido eleve las siguientes recomendaciones al MPF:
1. Creación de Unidades de Atención en Conflictos
Juveniles (UACJ)
Estas
unidades deben estar integradas por equipos interdisciplinarios que realicen el
primer abordaje del hecho. Ante una amenaza escolar, el fiscal no debe ordenar
la detención inmediata, sino una evaluación psicosocial para determinar si el
caso es apto para un proceso restaurativo. La privación de libertad debe ser
excepción, no regla.
2. Desjudicialización y Criterios de Oportunidad
El
MPF debe dictar instrucciones generales para que los fiscales penales juveniles
apliquen criterios de oportunidad en casos de 'intimidación pública' que no
hayan implicado un riesgo real de vida, derivando estos casos a mediación
escolar o comunitaria. El Código Procesal Penal de Salta (Ley 8520) habilita
estos mecanismos; su uso debe ser promovido institucionalmente.
3. Adopción del Paradigma de Justicia Restaurativa
La
justicia restaurativa no es impunidad; es una forma de justicia que busca la
reparación del daño y la asunción de responsabilidad por parte del ofensor,
involucrando a la víctima y a la comunidad. El objetivo del fiscal no debe ser
la condena, sino el restablecimiento de la paz en la comunidad educativa: que
el joven agresor pueda pedir perdón, realizar tareas reparadoras en su propia
institución, y evitar así su expulsión y consecuente marginalización.
El
Ateneo sintetiza esta propuesta en la siguiente comparativa entre el modelo
vigente y el modelo que el Partido debe impulsar:
|
CARACTERÍSTICA |
MODELO PUNITIVO (VIGENTE) |
MODELO DE PROTECCIÓN CIUDADANA
(PJ) |
|
Visión del joven |
El joven como delincuente o
infractor. |
El joven como sujeto en
desarrollo. |
|
Rol de la víctima |
Testigo en el proceso del Estado. |
Eje central del proceso de
reparación. |
|
Uso de la fuerza |
Herramienta principal
(detenciones). |
Última instancia (solo riesgo
inminente). |
|
Resultados |
Antecedentes penales y exclusión. |
Responsabilización y reinserción. |
|
Participación |
Exclusiva de abogados y jueces. |
Comunitaria: padres, docentes,
vecinos. |
VII. MEDIDAS INSTITUCIONALES DEL PARTIDO: LA UNIDAD
DE ACCIÓN
El
Ateneo Miguel Ragone convoca a los grupos activos no solo a emitir propuestas,
sino a actuar como un actor territorialmente comprometido. La intervención del
partido debe enfocarse en reconstruir la unidad de concepción para la unidad de
acción.
Acciones Inmediatas para los Grupos Activos
•
Organizar asambleas de debate educativo en cada
distrito, invitando a docentes, directivos, padres y estudiantes como
protagonistas del diagnóstico y no como meros beneficiarios de la política.
•
Activar espacios de apoyo escolar, talleres de oficios
y mediación comunitaria en los locales y espacios disponibles, reconstruyendo
el vínculo con el barrio que el Estado ha abandonado.
•
Convocar a los cuadros profesionales afiliados
—psicólogos, sociólogos, abogados, trabajadores sociales— para conformar un
equipo técnico de emergencia que asesore a las familias de los jóvenes
involucrados en hechos de violencia, garantizando que no sean vulnerados en sus
derechos durante los procesos judiciales.
•
Producir un documento base de posición partidaria que
oriente la labor de legisladores y concejales del PJ en todos los concejos
deliberantes y cámaras legislativas de la provincia.
•
Interpelación pública y fundamentada al Ejecutivo y al
MPF a través de los bloques legislativos del Partido, poniendo en agenda el
cambio de paradigma desde lo punitivo hacia lo restaurativo.
CONCLUSIÓN: HACIA LA CONDUCCIÓN DE LA PAZ
La
violencia en las escuelas de Salta es el campo de batalla donde se dirime hoy
el futuro de nuestra comunidad. No es un tema técnico; es un tema profundamente
político. Si el Partido Justicialista permite que la respuesta única del Estado
sea la policía y la fiscalía punitiva, estará renunciando a su bandera de la
justicia social y a su responsabilidad histórica de organizar a la comunidad.
La
seguridad real no nace del miedo al castigo, sino de la certeza del amparo.
Reconstruir el tejido social de Salta exige un Estado que vuelva a los barrios,
una escuela que vuelva a ser el lugar de los sueños y una justicia que cure las
heridas en lugar de profundizarlas.
El
Ateneo Miguel Ragone llama a todos los grupos activos del Partido a asumir esta
responsabilidad con la misma convicción con que Miguel Ragone entendió su
mandato: al servicio del pueblo, con las manos limpias y la conciencia clara.
El Partido Justicialista debe liderar esta transformación, pasando de la
gestión de la crisis a la conducción de la paz, basándose siempre en la premisa
de que no hay paz posible sin una base sólida de justicia social, soberanía
política e independencia económica.
¡Por una Salta justa y organizada!
Ateneo Miguel Ragone — Partido Justicialista de Salta
Salta, abril de 2026
FUENTES Y REFERENCIAS DOCUMENTALES
El
presente ensayo se basa en el siguiente corpus documental. Se conservan los
vínculos a todas las fuentes originales para su consulta y verificación por
parte de los grupos activos:
▸ Políticas de seguridad ciudadana y
justicia penal — CELS
▸ Perón: La Comunidad Organizada (1949) —
Biblioteca del Congreso de la Nación
▸ Categorías del pensamiento y la acción
peronista — Instituto Juan D. Perón
▸ La Doctrina Peronista o Justicialismo —
PJ Catamarca
▸ Las tres banderas del peronismo: ¿una
agenda para el siglo XXI? — Claudia Bernazza
▸ Seguridad pública y policía de proximidad
— Ministerio de Seguridad de Buenos Aires
▸ El peronismo, la seguridad y la policía —
Revista Zoom
▸ Plataforma Electoral PJ — Poder Judicial
de la Nación
▸ Doctrina Peronista: Filosofía Política
Social — Fundación Patagonia Tercer Milenio
▸ La justicia juvenil restaurativa en
Argentina — SciELO Brasil
▸ Monitoreo electrónico de un adolescente
con preventiva — Poder Judicial de Salta
▸ La justicia social en acción: Juan D.
Perón y Eva Perón — Instituto de Cultura CUDES
▸ Ley simple: Convivencia escolar —
Bullying | Argentina.gob.ar
▸ Lineamientos para elaboración de Acuerdos
de Convivencia y Protocolo digital — DGES Salta
▸ Memoria Institucional — Ministerio
Público Fiscal CABA
▸ Convivencia escolar — Edusalta
▸ Políticas públicas de niñez, adolescencia
y familia 2026 — Senado de Salta
▸ Salta fortalece la convivencia escolar
con un Programa Integral de Prevención — SaltaEducs
▸ Noticias Institucionales — Ministerio
Público Fiscal de Salta
▸ Ley 8406 — Boletín Oficial de la
Provincia de Salta
▸ Plan de Formación Docente — Gobierno de
Salta
▸ Promover la justicia restaurativa para
NNyA — ONU / Biblioteca Digital
▸ Manual sobre programas de justicia
restaurativa — UNODC
▸ Manual de Política de Persecución Penal —
Ministerio Público Fiscal Neuquén
▸ Dispositivo Restaurativo para el Abordaje
del Conflicto Juvenil — INECIP
▸ Código Procesal Penal Ley 8520 — Boletín
Oficial de Salta
▸ Protocolo de Mediación Penal Juvenil
Restaurativa — InfoLEG
▸ Protocolo de Mediación Penal Juvenil
Restaurativa — Poder Judicial de Entre Ríos
▸ Seguridad pública y derechos humanos —
CELS (Informe 1998)
▸ La Mediación Penal Juvenil como proceso
restaurativo — SAIJ
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