Ni Kosiner ni Gambetta: el partido es del afiliado.
Sería un error
político que la militancia se alinee ciegamente detrás del interventor judicial
Gambetta como si su designación fuera una victoria propia. No lo es. Gambetta
no es un cuadro peronista: es un funcionario judicial con una misión técnica y
acotada —normalizar el partido mediante elecciones—. Su legitimidad no viene de
la identidad política sino del mandato de un tribunal. Cuando cumpla su
función, se irá. El partido se queda.
Del mismo
modo, sería un error desestimar completamente a Pablo Kosiner y a los sectores
que representa. Su cronograma podría tener fallas jurídicas reales, pero
también contenía una voluntad política —discutible en sus formas, no en su
existencia— de ordenar el partido hacia adentro. Descartarlo sería tan simplista
como injusto, y cerraría puertas que el peronismo salteño necesita mantener
abiertas para construir la unidad que se viene.
El único
norte legítimo en este proceso no es ni el interventor político ni el judicial:
es el afiliado. Es el militante de barrio que lleva años sin que nadie le
pregunte nada. Es la compañera que se alejó del partido no por desencanto con
el peronismo sino por hartazgo de sus burocracias. Es el joven que se siente
peronista pero no encuentra una estructura que lo convoque con sinceridad.
La voluntad
de poder peronista popular —esa que en 1973 llevó a Ragone a la gobernación y
que en 1976 obligó a sus enemigos a desaparecerlo para detenerla— no reside en
ningún interventor. Reside en las bases. Reside en la capacidad del movimiento
de reconstituirse desde abajo, de debatir con honestidad sus errores, y de
presentarse ante la sociedad salteña con una identidad renovada y una
conducción elegida democráticamente.
Que Gambetta
haga su trabajo. Que Kosiner y sus espacios participen del proceso. Pero que
ninguno de los dos defina el resultado. Eso le pertenece al afiliado. Siempre le perteneció.
Síntesis uno
El peronismo salteño está ante una encrucijada que no admite demoras ni medias tintas. La intervención judicial del partido —con la designación del Dr. José Luis Napoleón Gambetta como interventor— no es el final de un proceso: es, si la militancia lo decide, el comienzo de uno nuevo. Un proceso que solo tendrá sentido real si se construye desde abajo, desde los barrios, desde los afiliados que durante décadas esperaron en vano que alguien les devolviera la palabra.
Tres líneas de acción son urgentes e inseparables. La primera es el control militante del proceso: los grupos activos deben auditar cada informe quincenal del interventor, presionar públicamente por plazos mínimos y no permitir que la intervención judicial se convierta en una nueva versión de la parálisis burocrática que nos llevó a no presentar candidatos propios en 2025. La segunda es la afiliación masiva: salir a los barrios, a los municipios, al Chaco salteño y a los valles calchaquíes, a convocar a jóvenes, trabajadores y vecinos que se sienten peronistas pero no tienen hoy dónde expresarlo orgánicamente. La tercera es la unidad programática: cuando Gambetta abra el cronograma electoral, la militancia debe llegar con listas construidas en el debate genuino, no en el acuerdo de cúpula de siempre.
Estas tres acciones tienen una raíz común: la convicción de que la soberanía del afiliado no es un trámite administrativo, sino el único antídoto real contra el vaciamiento.
Y aquí la memoria se vuelve política. El 11 de marzo de 1976, tres días antes de que los afiliados del PJ Salta pudieran votar en sus internas, un grupo de tareas desapareció a Miguel Ragone para que esa elección no ocurriera. Sus enemigos sabían exactamente lo que hacían: sabían que el peronismo popular, cuando vota, gana. Hoy, cincuenta años después, nadie puede desaparecer a un afiliado para impedirle votar. Esa diferencia es civilizatoria, y es todo.
Ragone no puede votar. Nosotros, sí. Y eso obliga.
Por Fernando Pequeño Ragone
Contenidos:
Introducción: Una Crisis que Tiene Historia
I. Los Liderazgos que Vaciaron el Partido: Burocracia,Proscripción Interna y Éxodo
1.1. Cuarenta Años Sin Elecciones: La Democracia que NoFue
1.2. El Urtubeyismo y la Figura de Kosiner: El Poder sinMovimiento
1.3. El Saenzismo y las Figuras de Amat y Outes: ElPeronismo que Mudó de Casa
1.4. El Resultado: Un Partido que No Presentó Candidatosen 2025
II. La Judicialización como Mecanismo de Desgaste: ElLawfare Electoral
2.1. El Expediente como Campo de Batalla
2.2. La Pérdida del Control Territorial: Salta y Jujuycomo Tenaza
III. Salta en las Vísperas del Golpe: El Crimen de Ragoney la Proscripción de 1976
IV. La Tesis Comparativa: Del Golpe de Estado al LawfareElectoral
4.1. Una Mutación en las Herramientas, una Continuidad en los Objetivos
V. Acciones a Seguir Frente a la Intervención Judicial:El Momento de Actuar
5.1. Acción 1 — Auditoría y Control Militante
5.2. Acción 2 — Campaña Masiva de Afiliación y Re-empadronamiento
5.3. Acción 3 — Unidad Programática y Armado de Listas Locales
VI. Lineas de Acción para la Militancia: Retomando elHilo
6.1. El Rechazo al Vaciamiento como Principio
Conclusión: Ragone Vive en Cada Afiliado que Vota
Introducción: Una Crisis que Tiene
Historia
Escribo estas páginas desde Salta, en mayo de 2026, con la
conciencia de que lo que está ocurriendo en los tribunales electorales de la
Capital Federal no es un simple trámite burocrático. Es la última estación —por
ahora— de un largo viaje de vaciamiento del Partido Justicialista en nuestra
provincia. Un vaciamiento que no sucedió de golpe, sino gota a gota, durante
décadas de liderazgos que priorizaron la acumulación de poder personal sobre la
vitalidad democrática del movimiento.
El documento judicial del fallo emitido anoche por la
Justicia Federal en Buenos Aires, —la resolución de la Justicia Electoral de
mayo de 2026 que ordenó la intervención judicial del PJ Salta en la persona del
Dr. José Luis Napoleón Gambetta— describe con frialdad técnica lo que la
militancia de base percibe en carne propia: un partido que en las elecciones
provinciales de 2025 no presentó candidatos propios, algo sin precedentes desde
la recuperación democrática de 1983.
Desde mi trabajo en el Ateneo Miguel Ragone, que sostiene
la memoria del gobernador peronista desaparecido el 11 de marzo de 1976, no
puedo leer este presente sin anclarme en ese pasado. Las herramientas cambian
—ayer, los tanques y los grupos de tareas; hoy, los expedientes y las
declaraciones de acefalía— pero la voluntad de neutralizar al peronismo popular
salteño tiene una continuidad que debemos nombrar.
Quiero, en primer lugar, explicar las diferencias entre los
tipos de liderazgos que debilitaron al partido; en segundo lugar, analizar la
judicialización como mecanismo de desgaste; en tercer lugar, historizar la
Salta de 1976 para comprender el crimen de Ragone en relación con la intención más
profunda de proscribir el peronismo nacional en las elecciones presidenciales
del próximo año; y finalmente, trazar líneas de acción concretas para la
militancia, convocando a la unidad de todas las expresiones del peronismo
salteño.
I. Los Liderazgos que Vaciaron el
Partido: Burocracia, Proscripción Interna y Éxodo
1.1. Cuarenta Años Sin Elecciones:
La Democracia que No Fue
Existe una paradoja profunda en el corazón del peronismo
salteño: el movimiento que históricamente encarnó la soberanía popular en
Argentina lleva más de cuatro décadas sin elegir democráticamente a sus
autoridades partidarias mediante elecciones internas genuinas y competitivas.
Lo que hubo en ese tiempo fue, en el mejor de los casos, listas de unidad
construidas en acuerdos de cúpula que, aunque recubiertos de un barniz de
consenso, no son otra cosa que la negación del sufragio interno.
Una lista única, aunque nadie la impugne formalmente, no es
democracia: es la administración burocrática del partido por parte de quien
controla los resortes del poder en cada momento. Es la diferencia entre un
árbol que crece y una maceta que acumula tierra sin raíces. Durante décadas, el
PJ Salta fue esa maceta: vistosa en los momentos electorales, vacía en su vida
orgánica cotidiana.
1.2. El Urtubeyismo y la Figura de
Kosiner: El Poder sin Movimiento
Juan Manuel Urtubey gobernó Salta entre 2007 y 2019, y su
gestión marcó a fuego la cultura interna del peronismo provincial. El modelo
urtubeyista fue el de la verticalidad ejecutiva para lograr la excelencia y la
centralidad en la conducción, lo que tras doce largos años de gestión dejó a los
espacios de deliberación como organizados en el mando pero vacíos de contenido
real.
Pablo Kosiner, figura que el documento judicial ubica como
interventor designado por el Congreso Nacional del PJ en febrero de 2026, es el
heredero más visible de esta tradición. Su designación y su cronograma —que
fijaba elecciones internas para el 25 de octubre de 2026, excediendo largamente
el vencimiento legal de la intervención— no fue leída por la Justicia Electoral
como una voluntad genuina de normalización, sino como una extensión del método:
la dilación como forma de gobierno partidario. El tribunal fue taxativo al
señalar que esa estrategia representaba la consolidación de las
"intervenciones sempiternas e injustificadas" que anulan la autonomía
de las estructuras provinciales.
En términos políticos, el urtubeyismo dejó una herencia
difícil de administrar: un partido acostumbrado a no deliberar, cuadros medios
formados en la lealtad personal antes que en la identidad doctrinaria, y una
base militante que fue migrando, fracción a fracción, hacia otros espacios o
hacia la abstención organizada.
1.3. El Saenzismo y las Figuras de
Amat y Outes: El Peronismo que Mudó de Casa
En el otro extremo del espectro interno encontramos una
expresión distinta pero igualmente problemática para la salud del partido: la
de quienes, desde las filas del justicialismo, terminaron construyendo su poder
político en alineación con el gobierno provincial de Gustavo Sáenz, electo en
2019 bajo el sello de Juntos por el Cambio Salta. Las figuras de Esteban Amat
Lacroix y Pablo Outes encarnan esta trayectoria.
Amat Lacroix es, según el propio documento judicial, la
parte actora que impugnó el cronograma de Kosiner, tildándolo de "esquema
preliminar, meramente estimativo y carente de efectos jurídicos
vinculantes". Es decir: un referente con origen peronista utilizó los
recursos de la justicia electoral para desestabilizar la conducción formal del
partido a nivel nacional. No importa si tenía razón o no en los términos
jurídicos —y en parte la tenía—: el efecto político fue el de profundizar la
fractura, debilitar la estructura y abrir la puerta a una intervención judicial
que ningún sector del peronismo salteño pidió.
Esta dinámica revela el segundo modelo de vaciamiento: el
de la deserción organizada. Cuando figuras con historia peronista construyen su
supervivencia política en alianza con un gobierno no peronista, el partido
pierde no solo votos, sino también su relato de identidad. Los militantes de
base quedan huérfanos: no saben bien a quién seguir, qué significa hoy ser
peronista en Salta, ni qué diferencia hay entre el partido y sus variados
intérpretes.
1.4. El Resultado: Un Partido que
No Presentó Candidatos en 2025
La consecuencia más elocuente de estas décadas de
vaciamiento burocrático y éxodo de fuerzas la describe el propio documento
judicial con una frase que debería sacudir a cualquier militante: en las
elecciones provinciales de 2025, el PJ de Salta no presentó candidatos propios.
Algo inédito desde el retorno de la democracia en 1983. No fue una derrota
electoral: fue una ausencia. Y la ausencia es la forma más radical de la
derrota.
Un partido que no se presenta a elecciones no es un partido
en crisis: es un partido que ha dejado de cumplir su función social y política
esencial. Es el momento en que la maceta se rompe y la tierra cae sola.
II. La Judicialización como
Mecanismo de Desgaste: El Lawfare Electoral
2.1. El Expediente como Campo de
Batalla
La resolución de mayo de 2026 no surge en el vacío. Es la
culminación de un proceso en el que la arena judicial se convirtió en el
terreno privilegiado de la disputa política interna del peronismo. Este
fenómeno —conocido internacionalmente como lawfare, o guerra jurídica—
consiste en la utilización sistemática de los instrumentos legales y judiciales
para neutralizar a actores políticos o debilitar estructuras partidarias desde
adentro o desde afuera.
El documento describe con precisión los engranajes de este
mecanismo: la parte actora impugnó el cronograma de Kosiner apoyándose en la
literalidad de los plazos legales, logrando que el tribunal interpretara la
propuesta de elecciones en octubre de 2026 como una maniobra para encadenar una
"nueva intervención por 180 días". El Consejo Nacional del PJ, a su
vez, convocó de urgencia a un Congreso Nacional para el 19 de mayo de 2026,
intentando dictar una nueva intervención antes de que venciera la anterior. La
justicia interrumpió ese circuito y nombró a Gambetta.
Cada movimiento en este tablero tiene consecuencias: cada
audiencia, cada traslado no contestado a tiempo, cada resolución, erosiona la
credibilidad pública del partido y consume los recursos políticos y
organizativos de la militancia. El lawfare no necesita ganar: necesita
demorar, desgastar, generar incertidumbre. Y en ese objetivo, resulta
extraordinariamente eficiente.
2.2. La Pérdida del Control Territorial:
Salta y Jujuy como Tenaza
El propio texto judicial explicita la conexidad con la
situación del PJ de Jujuy, evidenciando que la pérdida de control de las
estructuras orgánicas del peronismo en el norte argentino no es un hecho
aislado sino un patrón. La pérdida simultánea de los distritos de Salta y
Jujuy, ambos mediante fallos judiciales rigurosos en materia procedimental,
funciona como una tenaza legal que debilita a la conducción nacional del
partido de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.
Quien no controla sus distritos no controla sus delegados.
Quien no controla sus delegados no controla sus candidaturas. Y quien no
controla sus candidaturas no controla su futuro electoral.
III. Salta en las Vísperas del
Golpe: El Crimen de Ragone y la Proscripción de 1976
3.1. La Primavera que Duró Poco
Para comprender la analogía histórica que me propongo, es
necesario retroceder exactamente cincuenta años. En mayo de 1973, el Dr. Miguel
Ragone llegó a la gobernación de Salta cobijado por el Frente Justicialista de
Liberación (FREJULI), con un respaldo popular histórico. Era médico
sanitarista, hombre de territorio, referente del ala progresista y popular del
movimiento. En sus años de gestión, intentó construir un peronismo que pusiera
en el centro la salud, la educación y los derechos de los sectores más
postergados del norte argentino.
Esa primavera duró poco. La muerte de Juan Domingo Perón en
julio de 1974 abrió las puertas a la reacción. El gobierno de María Estela
Martínez de Perón, fuertemente influenciado por José López Rega, inició un
proceso de "depuración ideológica" que en Salta tuvo nombre propio:
en noviembre de 1974, mediante decreto del Poder Ejecutivo Nacional, la provincia
fue intervenida federalmente y Ragone fue eyectado de su cargo constitucional
bajo el pretexto de restaurar el orden.
3.2. El Crimen como Límite
Absoluto
A pesar de haber sido desplazado por su propio partido a
nivel nacional, Ragone mantenía intacto su caudal popular. Para marzo de 1976,
el PJ de Salta se encaminaba a resolver su liderazgo en elecciones internas
programadas para el 14 de ese mes. Ragone era el candidato natural, con las más
altas probabilidades de ganar la conducción partidaria y proyectarse nuevamente
al poder.
El 11 de marzo de 1976 —tres días antes de que los
afiliados peronistas pudieran votar—, un grupo de tareas integrado por policías
locales y militares del III Cuerpo del Ejército secuestró a Miguel Ragone al
salir de su domicilio. Nunca más apareció con vida. Su desaparición neutralizó
por vía de la fuerza bruta la posibilidad de una reorganización democrática del
peronismo salteño. Trece días después, el 24 de marzo, el golpe de Estado
consumó la proscripción total de la actividad política en la Argentina.
La lección es brutal en su claridad: cuando los canales
institucionales no alcanzan para frenar la fuerza popular del peronismo, la
reacción escala hasta el límite absoluto. En 1976, ese límite fue la
desaparición física de un hombre.
IV. La Tesis Comparativa: Del
Golpe de Estado al Lawfare Electoral
4.1. Una Mutación en las
Herramientas, una Continuidad en los Objetivos
Al contrastar la estrategia de destitución y proscripción
del peronismo de 1976 con la hipótesis de asedio judicial de 2026, se observa
una mutación en las herramientas operativas, pero una notable continuidad en
los objetivos políticos de fondo. El siguiente cuadro, resume la comparación:
|
Dimensión |
1976 |
2026 |
|
Herramienta
principal |
Violencia física, terrorismo de Estado |
Litigiosidad sistemática, resoluciones
judiciales (lawfare) |
|
Aprovechamiento
de grietas internas |
Purga de la derecha peronista contra el
ala izquierda |
Litigios de dirigentes locales disidentes
contra la conducción nacional |
|
Disrupción
electoral |
Desaparición física del líder tres días
antes de la interna |
Desestimación judicial del cronograma
autónomo de los interventores |
|
Horizonte
final |
Proscripción absoluta por actas del
Proceso de Reorganización Nacional |
Inhabilitación o caducidad de la
personería jurídica del PJ para las presidenciales |
4.2. El Denominador Común: El
Aborto del Proceso Electoral
Tanto en 1976 como en 2026, el elemento catalizador de la
intervención externa es la inminencia de un proceso electoral interno que
ciertos sectores buscan descarrilar. En 1976, la respuesta ante la ventaja
electoral de Ragone fue su secuestro armado. En 2026, frente a la estrategia de
Kosiner de estirar los plazos para celebrar comicios internos en octubre, el
ala judicial y los sectores demandantes logran que el tribunal desplace a los
interventores políticos y nombre a uno judicial, quitándole al PJ Nacional el
control del proceso de cara al armado de alianzas presidenciales.
No se trata de equiparar el horror del terrorismo de Estado
con una resolución judicial en democracia. Sería un error histórico y ético
hacerlo. Pero sí se trata de identificar una gramática política que se repite:
cuando el peronismo salteño está a punto de reconstituirse desde sus bases,
aparece un mecanismo de interrupción. Ayer, los fusiles. Hoy, los expedientes.
La diferencia es civilizatoria y no es menor. Pero la voluntad de interrumpir,
esa persiste.
4.3. La Grieta Interna como Puerta
de Entrada
En ambos momentos históricos, el mecanismo externo encontró
su puerta de entrada en las contradicciones internas del propio movimiento. En
1976, la derecha peronista había facilitado la intervención federal de Salta
antes del golpe. En 2026, son figuras con historia peronista las que accionan
judicialmente contra la conducción de su propio partido.
Esto no es un detalle anecdótico: es la clave del análisis.
El peronismo salteño no fue derrotado desde afuera: fue debilitado desde
adentro, durante décadas, hasta quedar tan frágil que cualquier embate
—judicial, político, mediático— puede tumbarlo.
V. Acciones a Seguir Frente a la
Intervención Judicial: El Momento de Actuar
5.1. Acción 1 — Auditoría y
Control Militante
La justicia ordenó que el interventor Gambetta presente
informes detallados de sus actividades cada quince días. Esta disposición no es
un trámite administrativo: es una oportunidad política. Los grupos activos
deben constituirse en auditores permanentes de esos informes, seguir de cerca
cada paso del proceso y presionar públicamente para que las elecciones internas
se realicen en el "tiempo mínimo necesario", evitando que el interventor
judicial se convierta en un nuevo administrador de la parálisis.
Un partido que no controla su propio proceso de
normalización tampoco controla su futuro. La militancia debe estar presente en
cada etapa.
5.2. Acción 2 — Campaña Masiva de
Afiliación y Re-empadronamiento
Para disputar la nueva identidad del peronismo salteño, se
necesitan votos y caras nuevas. La justicia busca reactivar el padrón para las
elecciones internas. Este es el momento de salir a los barrios y municipios de
Salta —desde La Quiaca hasta la ciudad capital, desde el Chaco salteño hasta
los valles calchaquíes— a afiliar masivamente a jóvenes, trabajadores, vecinos,
cuadros técnicos y profesionales que se identifican con el peronismo pero que
hoy no tienen donde expresarlo orgánicamente.
La afiliación masiva no es solo un trámite: es un acto
político. Es decir "yo existo, yo voto, yo delibero". Es la antítesis
de las cuarenta décadas de lista única.
5.3. Acción 3 — Unidad
Programática y Armado de Listas Locales
Los grupos que buscan la readecuación identitaria deben
dejar de lado las disputas menores y construir una propuesta sólida y
unificada. Cuando Gambetta abra formalmente el cronograma electoral, la
militancia debe estar lista para presentar listas de candidatos genuinamente
salteños: con arraigo territorial, trayectoria en el movimiento, y capacidad de
convocar tanto a la tradición urtubeyista como a los sectores más críticos de
ese legado.
La unidad no puede ser la de la lista única de siempre.
Tiene que ser la unidad que emerge de la discusión franca, del debate interno,
del reconocimiento de que el partido es más grande que cualquiera de sus
fracciones actuales.
VI. Lineas de Acción para la
Militancia: Retomando el Hilo
6.1. El Rechazo al Vaciamiento
como Principio
El documento judicial recuerda un dato alarmante: en 2025,
el PJ de Salta no presentó candidatos propios. Los grupos activos deben
posicionarse firmemente en contra de ese vaciamiento. La intervención judicial
ocurre justamente porque la estructura se volvió un sello formal sin actividad
democrática real. No puede volver a suceder.
6.2. La Defensa del Federalismo
Partidario
La vida política de Salta debe resolverse en Salta. Esta es
la primera consigna organizativa. Las intervenciones de Berni, los plazos de
Kosiner, las impugnaciones de Amat: todo demostró que las soluciones impuestas
desde Buenos Aires solo sirvieron para dilatar la normalización y perjudicar a
los afiliados locales. La autonomía distrital no es capricho provinciano: es condición
necesaria para la democracia interna.
6.3. La Soberanía del Afiliado
como Meta
El fin último de las organizaciones que buscan recuperar la
identidad peronista en la provincia debe ser devolver el partido a sus bases
legítimas. Lograr que los ciudadanos de Salta que se identifican con el
peronismo recuperen el derecho constitucional de deliberar, revisar las
estrategias políticas, evaluar los errores del pasado y elegir libremente a sus
representantes mediante el voto interno. No es una aspiración abstracta: es la
condición para que el peronismo vuelva a ser una fuerza política competitiva en
nuestra provincia.
Conclusión: Ragone Vive en Cada
Afiliado que Vota
Termino estas páginas en el mismo Salta donde, hace
cincuenta años, un grupo de tareas arrancó a Miguel Ragone de su casa para que
no pudiera votar en las internas de su partido. Para que el peronismo popular
no encontrara su cauce. Para que la reorganización democrática del movimiento
no tuviera lugar.
Hoy, el mecanismo que busca interrumpir esa reorganización
no porta armas: porta expedientes. Pero el objetivo es análogo — que el
peronismo salteño no encuentre su cauce, que no se reconstituya desde las bases,
que no pueda competir en las elecciones presidenciales del año entrante con una
estructura propia, autónoma y democráticamente elegida.
Frente a eso, la respuesta no puede ser la parálisis ni la
resignación. Tampoco puede ser la guerra entre fracciones que durante décadas
fue el combustible del vaciamiento. La respuesta tiene que ser la unidad en la
diversidad: el urtubeyismo y sus herederos, los sectores críticos del legado de
Sáenz, los espacios de la renovación doctrinaria, los jóvenes sin historia partidaria
pero con identidad peronista. Todos juntos, con sus diferencias, disputando
democráticamente el futuro del partido.
Convoco a las corrientes del peronismo salteño —a quienes
se reconocen en la tradición de Kosiner, a quienes militaron en la órbita de
Amat y Outes, y especialmente a quienes están construyendo la renovación desde
los márgenes— a recordar que la única respuesta histórica al vaciamiento y a la
proscripción ha sido, siempre, la organización popular. En 1973, con Ragone a
la cabeza, el peronismo salteño demostró que era posible ganar desde abajo. En
1976, sus enemigos lo sabían tan bien que tuvieron que desaparecerlo para
impedirlo.
Ragone no puede votar. Nosotros, sí. Y esa diferencia es
todo.
La intervención de la justicia no debe ser recibida con
pasividad militante: es la oportunidad legal de quitarle el control a la
burocracia centralizada y reconstruir el peronismo salteño desde abajo hacia
arriba. El cronograma que fije Gambetta será la primera elección interna real
que tenga este partido en décadas. Estemos listos para ganarla.
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