Un 24 de marzo sin calle: a 44 años del golpe, con el país bajo aislamiento por la pandemia, trece voces del peronismo salteño graban sus mensajes desde casa. La cúpula pide disciplina cívica, las bases reclaman agua y hospitales, y los derechos humanos advierten sobre el poder punitivo del Estado. En ese cruce, la convergencia parece improbable. Este ensayo en primera persona, de Fernando Pequeño Ragone, indaga qué la vuelve posible. La respuesta pasa por la figura de Miguel Ragone, un significante que cada sector reconoce como propio. Pasa también por la posición de su nieto, nodo puente entre lenguajes que de otro modo se hablarían de espaldas. Memoria activa convertida en «vacuna cívica», biopolítica del encierro y vigilancia democrática dialogan en un texto que concluye con una advertencia: sin articuladores autorizados y reconocidos por las partes, el campo popular corre el riesgo de fragmentarse y disolverse.
Análisis
discursivo e interdiscursivo a 44 años del golpe en contexto de pandemia
Por Fernando
Pequeño Ragone
Salta, octubre de 2026
Indice
Introducción:
una convergencia posible
1.
Un 24 de marzo sin calle: espacialidad y clima emotivo
2.
Trece voces para una misma consigna: los interlocutores
La pedagogía de la memoria y la institucionalidad
3.
Memoria y pandemia: la lucha por la vida cambia de escenario
4.
Dos lógicas de una misma praxis: dirigencia y bases
5.
La densidad histórica: el exterminio antes del golpe
6.
Qué converge: tres facciones y tres marcos de sentido
7.
Miguel Ragone, significante articulador
Cierre:
articuladores autorizados para un campo popular que no se disuelva
Introducción: una convergencia posible
Hay una pregunta que me acompaña cada vez que vuelvo a escuchar, una por
una, las grabaciones del 24 de marzo de 2020: ¿qué vuelve posible que una
cúpula partidaria, una militancia de base y un movimiento de derechos humanos
hablen en una misma jornada, bajo una misma consigna y desde el mismo encierro,
sin anularse entre sí? La respuesta que ensayo en estas páginas empieza por un
nombre, el de Miguel Ragone, y continúa en una posición a la vez privilegiada e
incómoda, la de su nieto, que es la mía.
A cuarenta y cuatro años del golpe de Estado de 1976, el peronismo
salteño no puede marchar. La pandemia de COVID-19 ha clausurado las calles y ha
obligado a cada uno a quedarse en su casa. Sin embargo, el vacío de la calle no
equivale al silencio. Invito a mis compañeras y compañeros a grabar un mensaje
desde su hogar y sumo el mío: trece voces que, ensambladas, componen un
discurso colectivo sobre la memoria en el momento menos pensado para
sostenerla. Mi hipótesis es que la figura de mi abuelo, médico, exgobernador
constitucional, secuestrado y desaparecido pocos días antes de que los
militares tomen formalmente el poder, funciona como un significante que todos
los sectores reconocen como propio. Mi hipótesis incluye además que mi lugar
como consejero provincial del Partido Justicialista y como presidente de la
Asociación Miguel Ragone permite traducir entre lenguajes que, de otro modo, se
hablarían de espaldas: el de la conducción, el de las bases y el de los
derechos humanos.
El objetivo general que persigo al hilvanar estos mensajes es unificar el
discurso del peronismo salteño en el 44.º aniversario del golpe para
reconfigurar el deber de memoria cívica en el contexto del confinamiento,
legitimando las medidas de aislamiento e interpelando, al mismo tiempo, el rol
del Estado. Ese propósito se despliega en cuatro intencionalidades. La primera
es homologar la crisis dictatorial con la crisis sanitaria, de modo que el
autoritarismo militar y el virus aparezcan como amenazas mortales para la misma
comunidad. La segunda es relegitimar al Partido Justicialista como la fuerza
comprometida con la vida, la justicia social y el cuidado de los sectores
vulnerables. La tercera es reorientar la movilización callejera tradicional
hacia el acatamiento del aislamiento domiciliario, entendido como un acto ético
de memoria activa. La cuarta es evidenciar la matriz económica de la represión,
es decir, recordar que los golpes de Estado obedecen a planes de endeudamiento
y de beneficio para grupos privilegiados.
El eje de lo que analizo, y que desarrollo con extensión en el cuerpo del
ensayo, es el siguiente: la memoria activa, la biopolítica y la reconfiguración
de la praxis peronista en Salta, leídas a través de un análisis discursivo e
interdiscursivo de esas trece intervenciones. Me valgo de la sociología
figuracional y de la teoría del poder para mostrar cómo la imposibilidad física
de la movilización desplaza la disputa política hacia el espacio
doméstico-digital. Allí los interlocutores resignifican el imperativo de
«quedarse en casa» como la forma contemporánea de la lucha por la vida y por la
continuidad de Memoria, Verdad y Justicia. Observo también una tensión interna
que estructura el conjunto: mientras la cúpula promueve disciplina cívica y
cohesión institucional, las bases introducen demandas materiales urgentes. Y
advierto, por último, que la densidad histórica de los testimonios directos
desmonta el mito de la espontaneidad represiva.
1. Un 24 de marzo sin calle: espacialidad y clima emotivo
El 24 de marzo de 2020 no hay plaza: hay pantallas. Días antes de la
fecha, el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio vacía las calles de la
provincia, y el acto que durante décadas se hace con el cuerpo -convocado por
las organizaciones de derechos humanos de Salta-, con la marcha, la bandera y
la columna que avanza, queda cancelado por una razón sanitaria que nadie
discute. La jornada del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
llega así a un escenario inédito.
La espacialidad de ese encuentro es dispersa y deslocalizada, mediada
tecnológicamente por dispositivos audiovisuales individuales. Cada interlocutor
habla desde su casa, a solas frente a un aparato, dentro del confinamiento
domiciliario obligatorio. No hay mesa redonda ni debate en copresencia, sino
una sucesión monológica de intervenciones ensambladas bajo una consigna
partidaria común. Esa fragmentación del formato produce turnos desiguales de
habla: conviven los relatos jurídico-históricos extensos con pronunciamientos
institucionales breves y esquemáticos. Como además no hay réplica inmediata,
pueden coexistir sin fricción visible los discursos de disciplinamiento
oficialista y las más severas interpelaciones al gasto político. La estructura
misma del encuentro refleja el impacto del aislamiento normativo de los
primeros días de las medidas frente a la pandemia mundial del COVID.
El clima emotivo se deja describir con cuatro palabras que se entrelazan:
solemnidad conmemorativa, gravedad institucional, resignación disciplinada e
inquietud reflexiva. Es una solemnidad sin multitud, una gravedad que se dirige
a un público invisible, y una resignación que no es pasividad, porque se asume
como deber. La frase con que Florencia Kosiner define la fecha, un «24 de marzo
especial, donde no podremos marchar», condensa ese tono. En el fondo de cada
mensaje late una inquietud doble, por la crisis de salud y por la crisis
socioeconómica que se anuncia detrás de ella.
2. Trece voces para una misma consigna: los interlocutores
Presento a quienes hablan, porque en el discurso político quién enuncia
es parte de lo que se enuncia. Agrupo las voces según la función que cumplen en
el conjunto, sin pretender que esas funciones sean compartimentos estancos.
La conducción y la doctrina
Pablo Kosiner, vicepresidente primero del Partido Justicialista de Salta
y dirigente de larga trayectoria legislativa, funciona como el referente
político dominante del encuentro. Su aporte central es la paradoja de la
militancia: la generación de los años setenta sale a la calle a pelear por la
vida, y la sociedad de 2020 debe pelear por la vida recluyéndose en sus
hogares. Su mensaje es nítido: «hoy la mejor manera que nosotros podemos
pelearle a la muerte es quedarnos en nuestras casas».
Miguel Isa, exvicegobernador y exintendente de la ciudad de Salta,
representa a la cúpula dirigencial tradicional y construye la metáfora
epidemiológica que atraviesa el corpus: el golpe es un virus que inocula la
muerte en la nación y la memoria activa es la vacuna indispensable. Aníbal
Anaquín, abogado y apoderado legal del partido, asume la vocería
técnico-doctrinal: vincula el terrorismo de Estado con los modelos económicos
neoliberales y adhiere a la postura del Poder Ejecutivo Nacional con una frase
que resume su posición: si el dilema es la economía o la vida, él elige la
vida.
La pedagogía de la memoria y la
institucionalidad
María Emilce Salas, consejera provincial y presidenta de la Fundación
Villar, adopta una perspectiva pedagógica: la memoria busca la reparación de
las familias y la prevención de errores pasados, sin alimentar un resentimiento
permanente. Laureano Almirón, miembro titular del Consejo Provincial, ofrece un
homenaje institucional centrado en el sacrificio de los dirigentes peronistas
caídos, con Miguel Ragone como ejemplo de quien se mantiene junto a su pueblo.
Nora Patricia Canuni, vicepresidenta segunda del Consejo Provincial, aporta una
voz institucional de contención y repite una exhortación: «no dejemos que
nuestras instituciones caigan». Leonardo Fabián García, militante, autoridad
partidaria y exintendente de El Quebrachal, trae la perspectiva territorial del
interior provincial y apela a la unidad nacional y al cuidado de la «bendita
democracia». Liliana Guitián, consejera provincial, desplaza la pedagogía
política del comité y de la plaza hacia la célula familiar y convierte el hogar
en trinchera para enseñar las garantías constitucionales, bajo el mandato
«Prohibido olvidar».
Las bases, lo sindical y lo social
Florencia Kosiner, militante de base, expresa la voz de la militancia
juvenil e intermedia y llama a transformar la movilización en un ejercicio
íntimo y colectivo de reflexión, ratificando el «Nunca Más». Marina Serrano,
«Marucha», integrante del Consejo Provincial y del Consejo Asesor de UPCN,
articula la perspectiva sindical y la doctrina de la solidaridad: el homenaje a
los treinta mil compañeros desaparecidos se corporiza en la conducta cotidiana
del empleado público y del ciudadano, porque «la patria es el otro». María
Cristina Elías, de la Secretaría de la Mujer y presidenta de la Fundación Juana
Manuela Gorriti, pronuncia el discurso más crítico del conjunto. Para ella, la
memoria exige dejar atrás la retórica conmemorativa: denuncia que la «ambición
política no tiene límites», señala la ruina del sistema público de salud y
propone recortar los sueldos de los funcionarios para financiar pozos de agua
potable y equipamiento hospitalario.
El testimonio y la vigilancia
Marcelo López Arias, militante históricamente adscripto al peronismo,
expresidente del Congreso Provincial del partido y exjuez de instrucción en
1976, constituye la voz testimonial de mayor densidad histórica y jurídica. Y
yo, Fernando Pequeño Ragone, consejero provincial y presidente de la Asociación
Miguel Ragone, hablo desde la filiación familiar y simbólica con mi abuelo.
Defiendo que la memoria colectiva sobrepasa la imposibilidad de marchar, pido
un control ético permanente sobre quienes ejercen funciones públicas y advierto
que las fuerzas armadas y policiales deben ser fiscalizadas por la ciudadanía
para que no caigan en la actitud fantasiosa de sentirse superiores a ella.
3. Memoria y pandemia: la lucha por la vida cambia de
escenario
La relación entre la memoria histórica y la pandemia se construye en esos
mensajes por varias vías que se refuerzan unas a otras.
La primera es la paradoja de la calle y la casa. En los setenta, defender
la vida significa exponer el cuerpo en el espacio público; en 2020, defenderla
significa retirarlo de él. Acatar el aislamiento deja de ser una concesión y se
vuelve la manifestación contemporánea de Memoria, Verdad y Justicia. La segunda
vía es la metáfora del virus y de la vacuna. Al nombrar el golpe como un virus
devastador que deja miles de muertos y treinta mil desaparecidos, y la memoria
activa como la vacuna que inmuniza a la democracia contra el retorno del
fascismo, Isa dota al aislamiento de un sentido ético-político previo y lo
naturaliza.
La tercera vía es el traslado del acto conmemorativo al ámbito doméstico.
Si no hay marcha posible, la casa se convierte en centro de reflexión cívica, y
el tiempo compartido del encierro, en una oportunidad pedagógica para pensar el
funcionamiento de las instituciones y la vigencia de las garantías
constitucionales. La cuarta es la solidaridad como forma práctica de la
memoria: «la patria es el otro» ya no designa una abstracción doctrinaria, sino
el cuidado mutuo durante la crisis, y la unidad nacional frente al virus se
equipara a la unidad necesaria para proteger la democracia.
Las dos últimas vías son las más incómodas y, por eso mismo, las más
fecundas. La quinta liga la consigna de Memoria, Verdad y Justicia con el
deterioro de la salud pública: recordar exige actuar frente a la ruina de los
hospitales y a la falta de agua potable en comunidades postergadas, y las
muertes por abandono estatal son una afrenta directa a la memoria de las
víctimas del pasado. La sexta convierte a la memoria en un mecanismo de alerta
permanente sobre la conducta de las fuerzas de seguridad que controlan la
cuarentena. Reconozco que las fuerzas actuales no son las de la dictadura, pero
sostengo que, cuando están cerradas a la mirada y a la revisión popular, pueden
fácilmente caer en la fantasía de imponer el orden y la justicia por mandato
propio. Una memoria que solo justifica la obediencia sería incompleta, y por
eso la memoria activa también debe vigilar.
4. Dos lógicas de una misma praxis: dirigencia y bases
Escuchados en conjunto, los mensajes revelan dos lógicas de praxis
política dentro del peronismo salteño. La cúpula, representada por Kosiner,
Isa, Anaquín, Canuni, Almirón y García, estructura un discurso de orden,
contención y ratificación del sistema republicano. Su operación consiste en
convertir la reclusión en un valor militante que respalde la gestión de la
crisis, es decir, actúa como un dispositivo de gubernamentalidad. Ejerce una
autoridad que subordina la acción militante a las disposiciones del Estado y
alinea al partido local con la conducción nacional.
Las bases, las secretarías temáticas y los sectores sindicales, entre
quienes me cuento junto con Elías, Serrano y Florencia Kosiner, funcionan como
mecanismo de impugnación e interpelación. No rechazan el marco de la defensa de
la vida ni el confinamiento, pero recuerdan que esa defensa no puede disociarse
de las condiciones materiales de existencia, como el agua, los hospitales y los
salarios dignos, ni del estricto control civil sobre el poder punitivo del
Estado. La intervención de Elías es la única resistencia explícita a la
narrativa de cohesión institucional: desplaza el foco desde la conmemoración
abstracta hacia la escasez de agua y el abandono de la salud, y exige medidas
fiscales contra la propia clase política. La mía negocia el respaldo a las medidas
de cuidado con una advertencia sobre la tendencia histórica de las fuerzas de
seguridad al abuso y al autogobierno.
Esa tensión no debilita el conjunto, sino que lo vuelve verosímil. Un
coro en el que todos dijeran lo mismo sería propaganda; un coro en el que cada
voz conserva su acento y todas reconocen la misma partitura es, en cambio, un
sistema discursivo. Que esa convergencia sea posible, y no mera coexistencia,
requiere una explicación que no puede darse sin considerar la densidad
histórica del pasado que todos invocan.
5. La densidad histórica: el exterminio antes del golpe
El testimonio de Marcelo López Arias aporta el anclaje que impide que la
memoria se convierta en retórica. Su relato desmonta la idea de una violencia
espontánea: el golpe de 1976 es una conspiración minuciosamente planificada que
ejecuta un exterminio selectivo de líderes populares antes de la toma formal
del poder. Él lo sabe desde adentro: renuncia como juez de instrucción el mismo
24 de marzo de 1976, es perseguido y asume después la defensa de causas de
derechos humanos desde el estudio jurídico del doctor Martínez Borelli, en
plena dictadura.
Su cronología sitúa el inicio del terrorismo de Estado en la fase previa
al golpe, con atentados explosivos e intimidaciones como mecanismo represivo, y
documenta tres asesinatos emblemáticos que sirven para «limpiar el camino» de
la resistencia: el del sindicalista Guillermo Álzaga, el del gobernador Miguel
Ragone y el del dirigente campesino Felipe Burgos. Un sindicalista, un
gobernador y un dirigente campesino representan tres sectores de la sociedad
salteña y, por lo tanto, tres sectores del campo popular. Con ello, López Arias
sostiene además que el juicio histórico no puede recaer solo sobre los
perpetradores militares, sino también sobre sus cómplices civiles. Es la voz
que impide que la convergencia se vuelva complaciente, porque ancla la unidad
en una verdad incómoda.
6. Qué converge: tres facciones y tres marcos de sentido
Conviene precisar qué entiendo por convergencia. No significa que todos
piensen lo mismo ni que tengan los mismos intereses, sino que sectores y marcos
ideológicos diferentes logran integrarse en un mismo ecosistema discursivo sin
anular sus diferencias. En el corpus del 24 de marzo de 2020 convergen tres
facciones y tres marcos.
La primera facción es la cúpula dirigencial e institucional del partido:
Kosiner, Isa, Anaquín, Canuni, Almirón y García. Su lógica es el orden, la
gobernabilidad y el disciplinamiento cívico, y necesita legitimar el
aislamiento como acto de responsabilidad y respaldo a los gobiernos nacional y
provincial. La segunda es la de las bases militantes, las secretarías temáticas
y los sectores sindicales: Elías, Serrano y Florencia Kosiner. Su lógica es la
justicia social concreta y la redistribución de recursos; invocan las
necesidades del territorio, como los hospitales devastados o la falta de agua
potable en comunidades originarias, y cuestionan los privilegios de la
política. La tercera es el movimiento de derechos humanos y la militancia
testimonial de lesa humanidad, en la que se inscriben López Arias y la
Asociación Miguel Ragone. Su lógica es la verdad histórica, la impunidad cero y
la vigilancia democrática.
A esas tres facciones corresponden tres marcos. El marco
biopolítico-sanitario, defendido por la cúpula, sostiene que la lucha por la
vida en 2020 exige la reclusión en el hogar para combatir al «virus». El marco
doctrinario de la justicia social, defendido por las bases y el sector
sindical, se sintetiza en «la patria es el otro» y en la atención a las
emergencias materiales. El marco garantista y constitucional, defendido por el
sector de derechos humanos, se centra en el «Nunca Más» y en el control ciudadano
del poder punitivo. Los tres se cruzan en cada intervención: la cúpula habla de
justicia social cuando evoca a los caídos, las bases hablan de vida cuando
reclaman agua, y los organismos hablan de instituciones cuando piden fiscalizar
a la policía.
Pero un cruce de marcos no se produce solo. Hace falta algo que lo vuelva
posible, un mecanismo de articulación. Ese mecanismo, creo, tiene dos piezas:
una figura y una posición.
7. Miguel Ragone, significante articulador
Todo sistema político atravesado por tensiones internas necesita un nodo
de condensación, una imagen capaz de conciliar posiciones divergentes sin
disolver su especificidad. Mi abuelo cumple esa función porque encarna, a la
vez, tres dimensiones. Para la cúpula, Miguel Ragone es la legitimidad
institucional: un exgobernador constitucional víctima del terrorismo de Estado,
cuya evocación permite encuadrar al justicialismo como víctima institucional
del autoritarismo y como defensor natural del Estado de derecho. Para las
bases, es la mística y la justicia social: el médico volcado a los sectores
desposeídos, que ofrece el sacrificio máximo por haberse mantenido junto a su
pueblo, tal como lo recuerda Almirón. Para los organismos de derechos humanos,
es el caso emblema de la represión clandestina en Salta, cuyo secuestro previo
al 24 de marzo prueba la planificación sistemática del exterminio y legitima la
exigencia de juzgar a los perpetradores y a sus cómplices civiles.
Por eso la invocación de Ragone es casi unánime en el corpus. Isa lo
destaca entre los treinta mil, Almirón lo erige en ejemplo, López Arias lo
cuenta entre los tres casos que inauguran el exterminio y yo lo reivindico
desde la filiación. Como significante transversal, Ragone permite que todos
hablen el mismo idioma y reivindiquen el mismo legado aunque persigan matices
estratégicos distintos. Esa unanimidad tiene, sin embargo, una consecuencia que
prefiero no ocultar: la figura martirial puede usarse para respaldar la
autoridad estatal o para limitarla. Que pueda hacer ambas cosas es la razón de
su eficacia integradora y también la medida de su riesgo.
8. El nieto como nodo puente
Si mi abuelo aporta el contenido simbólico, mi posición aporta la
estructura de mediación. Hablo desde una triple adscripción que disuelve
fronteras entre el partido y la sociedad civil. Soy su nieto directo y, por lo
tanto, porto una legitimidad moral e histórica que ante los organismos de
derechos humanos no se percibe como apropiación oportunista del pasado, sino
como encarnación de un legado familiar y colectivo. Soy consejero provincial
del Partido Justicialista, lo que me sitúa dentro del órgano de conducción. Y
presido la Asociación Miguel Ragone, lo que me ubica en la sociedad civil, en
el trabajo de investigación histórica y de pedagogía de la memoria.
Esa posición no es un mérito personal. Me es dada más que conquistada, y
lo que me corresponde es el uso que hago de ella. Pienso que ese uso tiene tres
movimientos. El primero es legitimar a la cúpula ante los organismos: al hablar
desde la estructura formal del partido, valido a ese partido como un canal
legítimo para las demandas de memoria y justicia y evito que la conducción sea
acusada de vaciar de contenido la fecha. El segundo es introducir desde adentro
la vigilancia crítica. En lugar de repetir la consigna de disciplina y
confinamiento, agrego la exigencia de fiscalizar a las fuerzas de seguridad que
custodian la cuarentena, para que no se asuman superiores a la ciudadanía ni
crean que deben imponer el orden por mandato propio. El tercero es cohesionar a
las bases con las instituciones: articulo el sentido del sacrificio histórico,
evocado en el marco de la violencia de «fuegos cruzados del 70», con la
exigencia presente de que las instituciones funcionen y de que se mantenga una
guardia permanente contra la corrupción.
Así el sistema discursivo se retroalimenta en lugar de anularse. La
cúpula usa la evocación de Ragone para justificar el aislamiento como forma de
defender la vida y respaldar la autoridad estatal. Las bases y los organismos
aceptan ese marco, pero usan la misma memoria para establecer límites al
Estado, con salarios dignos, inversión en salud, control ciudadano del poder
punitivo e impugnación de las complicidades civiles. La cúpula obtiene de ese
intercambio mística y legitimidad moral; las bases y los activistas obtienen un
espacio donde la interpelación crítica y la vigilancia democrática ya no suenan
a deslealtad. Lo que ocurre en esa jornada es, en rigor, un mecanismo de
integración figuracional.
Cierre: articuladores autorizados para un campo popular que
no se disuelva
Vuelvo a la pregunta con que empiezo. La convergencia entre cúpula, bases
y derechos humanos es posible el 24 de marzo de 2020 porque una figura
histórica, Miguel Ragone, condensa tres legitimidades que rara vez se reconocen
entre sí, y porque una persona, su nieto, ocupa un lugar desde el cual esas
tres legitimidades pueden traducirse unas a otras. Ni la figura sola ni la
posición sola alcanzan: una memoria sin mediador queda en monumento, y un
mediador sin memoria queda en gestión.
Quiero, sin embargo, extraer de esa experiencia una lección que excede mi
caso y que considero sustancial. Los campos populares se fragmentan cuando sus
sectores dejan de tener con quién hablar. La cúpula, las bases y los organismos
tienen lógicas distintas, a veces opuestas, y esa diferencia es legítima y
hasta saludable. Se vuelve peligrosa cuando no existen articuladores
autorizados y considerados por las partes, personas o figuras a las que cada
sector reconozca como interlocutor propio y no como emisario del otro. Sin
ellos, la tensión entre orden y reclamo se resuelve por ruptura: la conducción
desconfía de las bases, las bases desconfían de la conducción, y los organismos
terminan hablando solos. Con ellos, en cambio, es posible construir horizontes
comunes que evitan la fragmentación del campo popular y, con ella, su
disolución.
Mi abuelo, mediado por su nieto, ofrece una modesta demostración de que
esa articulación existe y de que puede ser fecunda, incluso en las condiciones
más adversas, con las calles vacías y las voces separadas por el encierro.
También ofrece una advertencia. La autoridad de un articulador no se hereda sin
condiciones: se sostiene mientras todas las partes sigan encontrando en él una
voz que no las traiciona. Por eso entiendo mi tarea como una responsabilidad y
no como un privilegio, y por eso creo que lo que está en juego trasciende a una
familia o a un partido, porque se trata de que el campo popular conserve la
capacidad de hablarse a sí mismo.
Queda, además, trabajo pendiente. Este análisis se apoya en los mensajes
de un solo espacio político, y sería valioso compararlo con los
pronunciamientos de sectores de derechos humanos no alineados con el partido en
la misma fecha. Sería igualmente necesario verificar si la reasignación de
recursos que exigieron las bases, el agua potable y el recorte a los
privilegios de la política, llegó a incorporarse en la agenda legislativa
provincial posterior. Mientras no lo sepamos, la memoria activa seguirá debiendo
a la pandemia una respuesta, y a quienes hablaron aquel día, una rendición de
cuentas.
